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Los comentarios de la semana

Semana del 16 de noviembre de 2026. Un comentario para cada materia del despacho, firmado por el Avv. Giuseppe MARIANI, la semana normativa y la reseña dedicada a la jurisprudencia de inmigración.

Semana del 16 de noviembre de 2026

16nov 2026
Comentario · PenalPenal · Presunción de inocencia e información

Absuelto también en el periódico: la ley n. 201 de 2026 obliga a los medios a informar de la decisión favorable con igual relevancia

A partir del 24 de noviembre de 2026, quien haya sido absuelto, sobreseído o cuyo procedimiento haya sido archivado puede pedir al medio que había informado sobre el procedimiento que publique, gratuitamente y con la relevancia adecuada, la noticia de la decisión favorable. Si el medio no lo hace, resuelve el Garante para la protección de datos personales en un plazo de cinco días.

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16nov 2026
Comentario · InmigraciónInmigración · Internamiento y reserva de ley

La libertad de los internados sigue esperando una ley: el Tribunal Constitucional reitera su advertencia sobre las modalidades del internamiento

Con la sentencia n. 193 de 2026, el Tribunal desestima las cuestiones sobre la competencia del Tribunal de Apelación para la convalidación del internamiento de los solicitantes de asilo, opción ya superada por el d.l. n. 100 de 2026, y declara inadmisibles las basadas en el art. 13 de la Constitución. Pero reitera que el legislador debe regular por ley, y con urgencia, las modalidades de la detención administrativa.

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16nov 2026
Comentario · CivilCivil · Sociedades, sucesiones y publicidad

La participación en litigio no se reserva: las Secciones Unidas excluyen la inscripción de las demandas judiciales en el registro mercantil

Con la sentencia n. 28669 de 2026, a raíz de una remisión prejudicial del Tribunal de Venecia, la Casación afirma que la publicidad del registro mercantil es típica: quien reclama en juicio participaciones de una sociedad no puede inscribir la demanda para hacerla oponible a terceros. Una regla de certeza, que deja al legislador la tarea de decidir si colmar un vacío de protección.

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16nov 2026
Comentario · LaboralLaboral · Plataformas digitales y dignidad del trabajo

El algoritmo no despide: el decreto sobre el trabajo a través de plataformas, en la Gazzetta; desde el 2 de diciembre las decisiones más graves las toma una persona

El d.lgs. 2 novembre 2026, n. 208, publicado el 14 de noviembre, transpone la directiva (UE) 2024/2831: presunción de subordinación cuando se aprecian facultades de dirección y control, nulidad de las decisiones más graves no adoptadas por un ser humano, derecho a una explicación por escrito y a la revisión, prohibición de tratar datos sobre emociones, conversaciones privadas y condición de migrante.

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16nov 2026
Reseña de inmigraciónn. 4 · 9-16 de noviembre de 2026

Reseña de inmigración n. 4, 16 de noviembre de 2026

Doce fichas: el Tribunal Constitucional y las modalidades del internamiento, la regularización del trabajo irregular ante el Consejo de Estado, la autorización de trabajo revocada por culpa del empleador, el asilo pedido después de la orden del questore, la falsa declaración de alojamiento, el documento del solicitante que debe reflejar la verdad, la solicitud reiterada sin renuncia a la protección subsidiaria, el padre autorizado a permanecer, la renta de ciudadanía para los refugiados y, del fondo del despacho, un auto de 2024 sobre la competencia para convalidar la prórroga.

Actualizada al 16.11.2026Leer la reseña →

Comentario · PenalPenal · Libertad de expresión

La libertad de expresión no se detiene en la puerta del cuartel: el Tribunal Constitucional suprime la prisión obligatoria para la difamación militar

Con la sentencia n. 181 de 2026, el Tribunal declara inconstitucional el art. 227 del Código Penal Militar de Paz, que castigaba la ofensa a la reputación entre militares únicamente con prisión. Desde hoy rige la disciplina común, con la multa como alternativa y ante el juez ordinario.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 9 de noviembre de 2026Lectura: 7 minutos

La resolución

Tribunal Constitucional, sentencia n. 181 de 2026, decidida el 10 de junio de 2026, depositada el 3 de noviembre de 2026, publicada en la Gazzetta Ufficiale, 1ª serie especial, n. 44 del 4 de noviembre de 2026. Magistrado ponente LUCIANI

“La peculiaridad, por tanto, no implica «separación» alguna del ordenamiento militar respecto del general”

El pasaje cierra el razonamiento del Tribunal sobre el art. 52, párrafo tercero, de la Constitución, según el cual el ordenamiento de las Fuerzas Armadas se inspira en el espíritu democrático de la República.

Texto en la Gazzetta Ufficiale

El caso

Un suboficial de la Aeronáutica Militar es condenado a ocho meses de prisión militar por difamación, por frases consideradas ofensivas hacia una unidad, un puesto de los carabinieri y el Ministro de Defensa de la época. Recurre en casación y pide, entre otras cosas, que se plantee la cuestión sobre la pena.

La Sección Primera Penal del Tribunal de Casación, mediante auto del 21 de octubre de 2025, eleva el art. 227, párrafos primero y segundo, del Código Penal Militar de Paz al Tribunal Constitucional, por contradicción con los artt. 21, 52 y 117 de la Constitución, este último en relación con el art. 10 del Convenio Europeo: la norma prevé únicamente la prisión militar, de hasta seis meses y, en los supuestos agravados, de seis meses a tres años, sin ninguna alternativa pecuniaria.

La decisión

El Tribunal considera fundadas las cuestiones. El punto decisivo, escribe, es si la pena privativa de libertad es realmente «necesaria» para la difamación militar. La respuesta es negativa. La jurisprudencia europea, recuerda la sentencia, ha reconocido el efecto disuasorio de la prisión sobre la libertad de expresión no solo de los periodistas, sino también de los abogados que critican la actuación de los jueces, y ha afirmado, en el caso Grigoriades c. Grecia, que el art. 10 del Convenio «no se detiene ante la puerta de los cuarteles». El propio Tribunal Constitucional, con el auto n. 132 de 2020, había pedido que se replanteara el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación y, con la sentencia n. 150 de 2021, había limitado la prisión por difamación a los casos de excepcional gravedad.

La difamación militar, prosigue el Tribunal, es «sustancialmente equiparable» a la común: misma conducta, mismo bien protegido, es decir, el honor. Nada justifica que se castigue únicamente con prisión. Puesto que construir una pena pecuniaria a medida requeriría opciones de política criminal reservadas al legislador, la solución es declarar inconstitucional todo el art. 227, párrafos primero y segundo, y, por vía consecuencial, también el párrafo tercero, sobre las ofensas a un cuerpo militar. Los hechos quedan así comprendidos en la disciplina común del art. 595 del Código Penal, con un efecto, subraya la sentencia, de reducción de la jurisdicción militar y de correlativa ampliación de la ordinaria.

El comentario

Es una sentencia que habla de libertad, antes incluso que de penas. Quien presta servicio en las Fuerzas Armadas no renuncia, al vestir el uniforme, a los derechos del ciudadano. La Constitución lo dice con una fórmula que el Tribunal reproduce íntegramente: el ordenamiento militar «se inspira en el espíritu democrático de la República». La disciplina y la jerarquía permanecen, y permanecen los límites que la seguridad nacional puede justificar; pero la crítica, incluso dura, hacia un mando, una unidad o un ministro forma parte de la vida democrática, y la prisión como única respuesta la ahoga.

El valor de la decisión reside también en el método. El Tribunal relee su propia jurisprudencia de los años ochenta y noventa sobre la superación de la «lógica institucionalista» del ordenamiento militar, y extrae de ella una consecuencia concreta: no existe un derecho penal separado para quien lleva las estrellas en el uniforme, cuando el hecho es el mismo. Para la reputación de las personas y de las instituciones no cambia nada esencial, porque la difamación sigue siendo delito y el daño sigue siendo resarcible; cambia la medida de la respuesta del Estado, que vuelve a ser proporcionada.

Queda una enseñanza más general. Cada vez que la ley castiga las palabras con prisión, el primer efecto no es castigar a quien se ha equivocado, sino intimidar a quien quisiera hablar. El Tribunal lo había dicho para los periodistas y lo repite hoy para los militares. Es una garantía que vale para todos, y que un Estado liberal debería custodiar sin necesidad de que sean los jueces quienes lo recuerden.

Qué cambia en la práctica

Quien esté sometido a un procedimiento por difamación militar, y sus familiares, deben saber que la norma especial ya no existe: el hecho debe valorarse conforme al art. 595 del Código Penal, que prevé la multa como alternativa a la prisión y reserva esta última a los casos de excepcional gravedad. Quien ya haya sufrido una condena firme con base en el art. 227 puede acudir a un abogado para verificar los efectos de la resolución, a la luz del art. 30, párrafo cuarto, de la ley n. 87 de 1953.

El papel del abogado resulta aquí decisivo, tanto en los procesos pendientes ante los tribunales militares como en los ya concluidos. Es preciso alegar de inmediato la desaparición de la norma especial, pedir la recalificación del hecho y plantear la cuestión de la jurisdicción, que el Tribunal ha atribuido expresamente al juez ordinario; y, cuando se discuta la pena, hacer valer los criterios de la sentencia n. 150 de 2021, que reservan la prisión a los hechos de excepcional gravedad.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 9 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 21, 52 y 117, párrafo primero, Cost.; art. 10 CEDH; art. 227 cod. pen. mil. pace; art. 595 c.p.; artt. 27 y 30, párrafo cuarto, l. 11 marzo 1953, n. 87.

Precedentes citados: Corte cost., sent. n. 181 de 2026, n. 150 de 2021, n. 120 de 2018, n. 273 de 2009 y n. 278 de 1987; Corte cost., ord. n. 132 de 2020; TEDH, Gran Sala, 23 de abril de 2015, Morice c. Francia; TEDH, Grigoriades c. Grecia.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · InmigraciónInmigración · Internamiento y derecho a la salud

Internar sin preguntarse si se puede: la directiva del 3 de noviembre de 2026 suprime el juicio médico de aptitud para el C.P.R. y viola la ley y la Constitución

Con un acto administrativo que nadie ha podido leer en la Gazzetta, el Ministro del Interior reescribe las reglas sanitarias de la detención administrativa: el dictamen del médico ya no impide el internamiento, la persona puede ser encerrada en el centro antes de ser examinada y al juez de la convalidación le llega, si lo pide, un resumen. Es la prueba más evidente del vacío legal que el Tribunal Constitucional denunció en 2025.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 9 de noviembre de 2026Lectura: 14 minutos

La resolución

Directiva del Ministro del Interior del 3 de noviembre de 2026, que sustituye el art. 3 de la directiva del 19 de mayo de 2022 que establece los criterios para la organización y la gestión de los centros de permanencia para la repatriación. Texto no publicado en la Gazzetta Ufficiale ni en la sección Administración transparente (Amministrazione trasparente) del sitio web del Ministerio, donde se encuentran la directiva de 2022 y la circular que la transmitió (comprobación del 9 de noviembre de 2026); contenido reconstruido a partir de los pasajes recogidos en la prensa del 4 al 6 de noviembre de 2026

“El ineludible deber de introducir una regulación completa que establezca, en abstracto y con carácter general para todas las personas internadas, contenidos y modalidades que delimiten la discrecionalidad de la administración”

Tribunal Constitucional, sentencia n. 96 de 2025, sobre el deber del legislador de regular las modalidades del internamiento; entre las materias indicadas por el Tribunal figura la prestación del servicio sanitario.

Actos administrativos generales en el sitio web del Ministerio del Interior

Qué prevé la directiva

Hasta el 3 de noviembre la regla era clara. El art. 3 de la directiva de 2022 exigía que el extranjero entrara en el centro previo reconocimiento del médico de la empresa sanitaria u hospitalaria, encargado de comprobar la ausencia de patologías evidentes que hicieran incompatibles el ingreso y la permanencia en la estructura: enfermedades infecciosas contagiosas, trastornos psiquiátricos, patologías agudas o crónico-degenerativas que no pueden tratarse en una comunidad cerrada, además de las condiciones de vulnerabilidad enumeradas en el art. 17 del d.lgs. n. 142 de 2015, entre ellas las enfermedades graves y los trastornos mentales. El certificado se incorporaba al expediente de la persona y se sometía al juez de la convalidación y de la prórroga. Era un filtro imperfecto, a menudo reducido a una formalidad, como han documentado a lo largo de los años asociaciones, médicos y autoridades de garantía; pero era un filtro, y tenía un objeto preciso: establecer si esa persona podía ser privada de libertad sin daño para su salud.

La nueva directiva, por lo que se lee en los pasajes publicados, cambia el objeto del reconocimiento. El médico ya no debe decir si la persona es compatible con el internamiento, sino determinar su estado de salud mediante la anamnesis o el examen de los síntomas y la documentación disponible, para identificar las necesidades de asistencia que deben garantizarse a través de la entidad gestora o de la empresa sanitaria. Cuando el reconocimiento no haya sido posible, la persona entra de todos modos en el centro y el reconocimiento debe realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso. La ficha, cumplimentada en un modelo ministerial, se envía en sobre cerrado al médico de la entidad gestora; a la oficina de policía del centro le queda una valoración resumida, que puede transmitirse a la autoridad judicial a petición de esta. El médico de la entidad gestora solo podrá señalar los casos en que las condiciones de salud, por su gravedad, no puedan gestionarse dentro de la estructura. La documentación sanitaria queda excluida del acceso de terceros, con las únicas excepciones de la autoridad judicial, el abogado defensor, las autoridades sanitarias y el organismo de las Naciones Unidas contra la tortura. Al segundo reconocimiento, realizado dentro del centro por el médico de la entidad gestora, se le encomienda también la búsqueda de signos de traumas, de violencias sexuales o de género y de torturas, una vez iniciado ya el internamiento.

El Ministro lo dijo sin rodeos: un eventual dictamen negativo del médico ya no será vinculante para evitar el internamiento. En concreto, la pregunta decisiva, si esta persona puede ser encerrada sin poner en riesgo su salud, ya no se la plantea nadie.

Una directiva que no se puede leer

Antes incluso que el contenido, llama la atención la forma. La directiva fue anunciada por el Ministro y relatada por los periódicos, pero no se encuentra en el sitio web institucional del Ministerio del Interior. En la sección Administración transparente, entre los actos administrativos generales, están publicadas la directiva del 19 de mayo de 2022 y la circular del 15 de junio de 2022 con la que se transmitió a las prefecturas y a las jefaturas de policía. De la modificación del 3 de noviembre de 2026, que reescribe su disposición más delicada, no hay rastro a fecha de 9 de noviembre de 2026.

No nos corresponde atribuir intenciones. Pero la publicación no es una cortesía. El art. 12 del d.lgs. n. 33 de 2013 obliga a las administraciones a publicar en su sitio web las directivas, las circulares y todo acto que disponga con carácter general sobre los procedimientos o dicte disposiciones para la aplicación de las normas, y la directiva sobre los reconocimientos de aptitud es exactamente eso. Cualquiera puede pedir su publicación mediante el acceso cívico previsto en el art. 5, comma 1, del mismo decreto, sin tener que motivar la solicitud. El precedente de 2022 demuestra que el Ministerio sabe cómo hacerlo.

El silencio tiene consecuencias jurídicas precisas. El art. 5 del Convenio Europeo exige que la privación de libertad tenga una base legal accesible y previsible, y precisamente por la falta de una base legal clara Italia fue condenada por la Gran Sala en el caso Khlaifia y otros c. Italia (2016). Una regla sobre las condiciones de la detención que las personas internadas, sus abogados y los jueces solo pueden conocer a través de los adelantos de la prensa no es ni accesible ni previsible. Y una garantía de salud que puede cambiarse sin publicar siquiera el nuevo texto muestra mejor que cualquier argumento por qué la Constitución quiere que las modalidades de la privación de libertad estén establecidas por la ley.

Una directiva no puede derogar la ley

El primer vicio es el más elemental, y bastaría por sí solo. El art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 142 de 2015 establece que no pueden ser internados en los centros los solicitantes de protección internacional cuyas condiciones de salud o de vulnerabilidad sean incompatibles con el internamiento, e impone, en el marco de los servicios sociosanitarios de los centros, la comprobación periódica de las condiciones de vulnerabilidad. La norma está en vigor: el d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la legge 7 agosto 2026, n. 145, con el que Italia dio aplicación al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, no la ha modificado. Y el art. 13, apartado 1, de la directiva (UE) 2024/1346, que debía transponerse a más tardar el 12 de junio de 2026, establece que el estado de salud, incluida la salud mental, de los solicitantes internados con necesidades de acogida particulares constituye la preocupación principal de las autoridades nacionales, y que esos solicitantes no serán internados cuando el internamiento ponga en grave riesgo su salud física y mental.

Una prohibición de internar a quien es incompatible presupone que alguien, antes, compruebe la compatibilidad. Suprimir la comprobación significa vaciar la prohibición, es decir, inaplicar la ley mediante un acto del Ministro. En la jerarquía de las fuentes, una directiva ministerial es un acto administrativo: puede organizar la aplicación de la ley, no derogarla. Por lo demás, el Tribunal de Casación ya en 2017 anulaba la convalidación de un internamiento supeditada a un examen sanitario que debía realizarse después, afirmando que la comprobación de la compatibilidad es condición ineludible de validez del internamiento y debe preceder a la convalidación (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 de 2017).

También lo sabía el Ministro. En la carta a La Verità del 5 de octubre de 2026, publicada en el sitio web del Viminale, escribía que, además de la directiva, existen obligaciones de valoración que derivan de fuentes primarias, de las leyes, del derecho europeo y de los convenios internacionales, que abolir el reconocimiento previo no podía ni debía abolir la garantía sanitaria, y que el resultado tendría que superar la prueba de los tribunales. Un mes después firmó un texto que suprime precisamente el juicio exigido por esas fuentes primarias.

Para los extranjeros que no han pedido protección, el resultado no cambia. El art. 15 de la directiva 2008/115/CE solo permite el internamiento cuando no bastan medidas menos coercitivas, y el art. 16, apartado 3, impone prestar especial atención a la situación de las personas vulnerables, además de la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades. Un internamiento acordado sin preguntarse si la persona puede soportarlo no supera ningún examen de proporcionalidad. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda desde hace un cuarto de siglo que el Estado, cuando priva a alguien de libertad, responde de su salud y de su bienestar (Kudła c. Polonia, 2000) y que internar a una persona gravemente enferma en condiciones inadecuadas puede constituir un trato inhumano o degradante prohibido por el art. 3 del Convenio (Mouisel c. Francia, 2002).

La reserva de ley eludida, una vez más

El segundo vicio es constitucional, y afecta al método antes incluso que al contenido. El art. 13, párrafo segundo, de la Constitución exige que sea la ley la que establezca los casos y las modalidades en que puede limitarse la libertad personal. Desde 2001, el Tribunal Constitucional afirma que el internamiento del extranjero afecta a la libertad personal (sentencia n. 105 de 2001). Con la sentencia n. 96 de 2025 fue más allá: consideró el art. 14, comma 2, del texto único de inmigración totalmente inadecuado para definir los derechos de las personas internadas, observó que la remisión a reglamentos y actos administrativos elude la función de garantía de la reserva de ley y permite que las modalidades del internamiento se regulen de forma dispar en el territorio, e indicó expresamente entre las materias que deben regularse por ley la prestación del servicio sanitario. Al no poder colmar la laguna por sí solo, recordó al legislador su ineludible deber de intervenir. Con la sentencia n. 40 de 2026 reiteró la naturaleza privativa de libertad de todo internamiento y renovó el llamamiento.

Han pasado dieciséis meses. El Parlamento no ha escrito esa ley. El Gobierno, en lugar de proponerla, ha cambiado mediante una directiva ministerial precisamente la garantía sanitaria, es decir, el núcleo de las modalidades del internamiento que el Tribunal dijo que no podía dejarse en manos de la administración. Es difícil imaginar una confirmación más elocuente del vicio denunciado por el Tribunal Constitucional: un derecho fundamental de las personas privadas de libertad que cambia de un día para otro, por decisión de un ministro, sin una votación de las Cámaras y sin un texto publicado. No es casualidad que el Tribunal censurara precisamente el art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 de 1999, que remite las modalidades de los servicios de atención y asistencia en los centros a las disposiciones de los prefectos y a las directivas impartidas por el Ministro del Interior: la directiva del 3 de noviembre es hija de esa remisión, es decir, del instrumento que el Tribunal Constitucional consideró inadecuado para satisfacer la reserva de ley. A ello se añade el art. 10, párrafo segundo, de la Constitución, que reserva a la ley, de conformidad con las normas y los tratados internacionales, la condición jurídica del extranjero.

La salud reducida a un problema de logística

El tercer vicio afecta al art. 32 de la Constitución. La salud es un derecho fundamental del individuo, no del ciudadano, y el Tribunal Constitucional ha reconocido también al extranjero en situación irregular un núcleo irreductible de protección (sentencia n. 252 de 2001). La directiva sustituye la compatibilidad clínica por la viabilidad organizativa: ya no importa si la persona puede permanecer encerrada sin sufrir daño, importa si el centro consigue administrarle la terapia. Un hombre con un trastorno psiquiátrico grave puede recibir los fármacos incluso detrás de una reja; lo que la directiva ya no quiere saber es si esa reja agrava su enfermedad.

Además, el juicio pasa a quien no tiene la independencia para emitirlo. El médico de la entidad gestora trabaja para el sujeto privado que ganó el contrato de gestión del centro, y hoy es el único que puede señalar el caso no gestionable. Es la situación que la deontología médica llama doble lealtad, y que debería sugerir más garantías, no menos.

Hay, por último, un argumento de razonabilidad, que pone en juego el art. 3 de la Constitución. El Código de Procedimiento Penal prohíbe la prisión provisional del imputado que padece una enfermedad especialmente grave, cuando sus condiciones de salud resultan incompatibles con el estado de detención (art. 275, comma 4-bis, c.p.p.). El Tribunal Constitucional, en la sentencia n. 96 de 2025, recordó que la detención en los centros sigue siendo ajena a toda connotación sancionadora. De ello se sigue que el extranjero internado, que no está acusado de ningún delito, acaba teniendo sobre su propia salud garantías inferiores a las del imputado en prisión provisional. Es una jerarquía invertida, y no tiene ninguna justificación constitucional.

Aún más grave es la suerte de las víctimas de tortura y de violencia. El art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 142 de 2015 las incluye entre las personas vulnerables, y para los solicitantes de asilo la vulnerabilidad incompatible con el internamiento impide su ingreso en el centro. La directiva traslada la búsqueda de esos signos a después del ingreso, encomendándola al médico de la entidad gestora y a una documentación fotográfica de las lesiones. Pero la tortura y la trata a menudo no dejan cicatrices visibles: dejan trastornos postraumáticos, disociación, sufrimiento psíquico, que solo se reconocen con tiempo, competencias especializadas y mediación lingüística, como exigen el Protocolo de Estambul y las directrices del Ministerio de Sanidad de 2017. Quien no lleva en el cuerpo signos fotografiables corre el riesgo de ser considerado sano y, por tanto, encerrado.

Queda la cuestión de las primeras veinticuatro horas. Si la persona entra en el centro sin reconocimiento, ¿quién responde de lo que ocurra en ese tiempo, cuando nadie sabe si es diabética, cardiópata, si sufre síndrome de abstinencia o está en plena crisis psicótica? El texto, en los pasajes dados a conocer, no lo dice.

El juez sin los documentos

El internamiento debe ser convalidado por el juez en plazos brevísimos, como exige el art. 13, párrafo tercero, de la Constitución. Antes, el certificado de aptitud estaba en el expediente y se sometía al juez. Ahora la ficha completa va en sobre cerrado al médico de la entidad gestora, mientras que la valoración resumida queda en la oficina de policía y solo llega al juez si este la pide. Un control que depende de la petición de un documento cuya existencia el juez podría ignorar no es un control efectivo, y el derecho de defensa del art. 24, junto con las garantías del proceso justo del art. 111, queda reducido a poco si el abogado tiene que ir en busca de los documentos en el plazo de cuarenta y ocho horas. Ya hoy la protección era frágil. En 2024 la Casación, aun recordando que el art. 3, comma 7, de la directiva de 2022 exigía el certificado en el expediente que debía someterse al juez de la convalidación, excluyó que su mera falta hiciera nula la resolución cuando la persona internada no alega nada sobre su salud, precisando sin embargo que, si se alega una causa sanitaria específica, surge la obligación del juez de recabar la documentación y valorarla (Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 de 2024). La nueva directiva elimina también esa regla de 2022 y convierte la petición del juez en el único canal a través del cual la información sanitaria llega a la vista.

Además, el secreto, presentado como protección de la confidencialidad sanitaria, corre el riesgo de convertirse en opacidad frente a quienes tienen la función institucional de vigilar los lugares de privación de libertad. La lista de excepciones no menciona a las autoridades de garantía territoriales ni a los parlamentarios, y en todo caso una directiva no puede restringir facultades de acceso y de control que tienen fundamento en la ley.

Los jueces pedían más comprobaciones, no menos

La directiva llega cuando la jurisprudencia iba en la dirección contraria. El Tribunal de Apelación de Roma, con el decreto del 12 de noviembre de 2025 (R.G. n. 5967/2025), denegó la convalidación del internamiento de un solicitante de asilo que tomaba un antipsicótico y era dependiente de sustancias, observando que el certificado de aptitud no había tenido en cuenta esas patologías, que no se habían realizado los reconocimientos especializados pese a los avisos del abogado a la entidad gestora y a la empresa sanitaria, y que faltaba por tanto un certificado de compatibilidad adecuado. El mismo Tribunal añadió que, tras la sentencia n. 96 de 2025, la ausencia de una regulación legal de las modalidades del internamiento incide en concreto sobre el derecho a la salud y hace ilegítimo el internamiento ya en la fase de convalidación.

Incluso una resolución favorable a la administración confirma este punto. Con la sentencia n. 1064 de 2026, la Sección Primera Penal de la Casación anuló sin reenvío una denegación de convalidación, porque el Tribunal de Apelación había considerado frágil a la persona sin tener en cuenta el informe del reconocimiento de aptitud, que excluía patologías incompatibles con la comunidad cerrada, y pidió que la valoración sobre la salud de la persona internada se base en parámetros clínicos consolidados y en una base de conocimiento adecuada. Esa base era el juicio de compatibilidad. Al suprimirlo, la directiva priva al juez de la única comprobación clínica sobre la que puede motivar, en un sentido o en otro, y hace más incierto el control para todos, también para el Estado.

Lo mismo vale para el Consejo de Estado. En la sentencia n. 7839 de 2025 precisó que los gestores de los centros deben respetar la directiva de 2022 aunque el pliego de condiciones no la mencione, y pidió que el pliego se ajustara mejor precisamente al art. 3, comma 4, es decir, a la nueva valoración de la empresa sanitaria cuando surjan elementos de incompatibilidad. Con la decisión del 8 de julio de 2026, en sede de ejecución de sentencia (ottemperanza), constató que el Ministerio se había limitado a adaptar formalmente el pliego a la directiva, sin ninguna instrucción real sobre la asistencia sanitaria y psicológica y sobre la prevención de los suicidios, y le ordenó un examen de la situación a más tardar en enero de 2027. Modificar hoy la disposición sobre la que se construyó esa cosa juzgada, antes de haber realizado el examen, expone la directiva también a la censura de elusión de la cosa juzgada, que el art. 21-septies de la ley n. 241 de 1990 sanciona con la nulidad.

Las razones declaradas no se sostienen

El Ministro explicó que quería evitar que valoraciones dictadas por prejuicios ideológicos obstaculizaran las repatriaciones, y la directiva llega después de la investigación de la Fiscalía de Rávena sobre médicos acusados de haber expedido certificados falsos. Pero se trata de acusaciones, amparadas por la presunción de inocencia del art. 27 de la Constitución, y la Casación, el pasado 13 de octubre, anuló la suspensión de la actividad acordada respecto de algunas de las investigadas. Si un certificado es falso, el Código Penal lo castiga; no se suprime para todos una garantía de salud porque alguien es sospechoso de haber abusado de ella. Lo mismo vale para los casos de negativa al reconocimiento: se podía regular la negativa, no abolir el juicio de compatibilidad.

Tampoco convence el argumento de la separación entre acto médico y decisión administrativa. Separar está bien, siempre que alguien, y en última instancia el juez, decida sobre la compatibilidad sobre la base de una comprobación clínica. La directiva no traslada el juicio: lo elimina.

Queda, por último, una contradicción que el Ministerio tendrá que explicar: el Consejo de Estado le ordenó verificar, con el Ministerio de Sanidad y la Autoridad Nacional de Garantía (Garante nazionale), cómo se atiende hoy a las personas internadas, y antes incluso de hacerlo el Ministerio rebaja las garantías.

Qué cambia en la práctica

Para quien corre el riesgo de ser internado, y para las familias, lo primero que hay que saber es que la ley no ha cambiado. La prohibición de internar a quien tiene condiciones de salud incompatibles sigue escrita en el art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 142 de 2015, y el principio de proporcionalidad vale para todos. Es importante llevar consigo, o hacer llegar al abogado, todo documento sanitario disponible: diagnósticos, terapias, certificados de especialistas, informes de urgencias.

El juez de la convalidación está sometido a la ley, no a las directivas del Ministro, y aplica los actos administrativos solo en la medida en que sean conformes a las leyes, como exige el art. 5 de la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Le corresponde verificar la compatibilidad de la salud con el internamiento, si es necesario acordando pruebas, e inaplicar la directiva en la parte en que la excluye.

La función del abogado, en estas vistas, resulta aún más decisiva. A la luz de la jurisprudencia de casación, es preciso alegar siempre, de forma específica, las condiciones de salud del cliente, con la documentación disponible, porque es la alegación específica la que hace surgir la obligación del juez de recabar los documentos sanitarios y valorarlos; señalar de inmediato por escrito a la entidad gestora y a la empresa sanitaria las patologías conocidas, pidiendo reconocimientos especializados; pedir que se recaben la ficha sanitaria completa y la valoración resumida; alegar la falta de un juicio de compatibilidad y el ingreso en el centro sin reconocimiento, y pedir el cese del internamiento cuando la comprobación falta o es aparente, como hizo el Tribunal de Apelación de Roma. Ante el juez de la convalidación puede plantearse de nuevo la cuestión de constitucionalidad del art. 14 del texto único de inmigración, en la parte en que no regula por ley las modalidades del internamiento y la protección de la salud: una advertencia del Tribunal Constitucional desatendida no cierra la partida, a menudo es su premisa. Cualquiera puede pedir al Ministerio, mediante el acceso cívico del art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 de 2013, que publique la directiva. Las entidades representativas de intereses colectivos pueden impugnarla ante el juez administrativo, como ya ha ocurrido con éxito con los actos ministeriales sobre los centros, y hacer valer en el proceso de ejecución de sentencia la contradicción con lo ordenado por el Consejo de Estado; y siguen disponibles, para las lesiones sufridas durante el internamiento, la tutela cautelar del art. 700 c.p.c. y la acción de resarcimiento, que el Tribunal Constitucional ha definido como instrumento mínimo de la jurisdicción constitucionalmente necesaria.

Un Estado de derecho no mide la salud de una persona por su utilidad a efectos de la repatriación. La persona va antes que el procedimiento, y los derechos fundamentales no se suspenden en la puerta de un centro de permanencia: deben protegerse siempre y para todos, con mayor razón para quien está privado de libertad sin haber cometido ningún delito.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 9 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 3, 10, párrafo segundo, 13, 24, 27, 32, 111 y 117, párrafo primero, Cost.; art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 21, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; artt. 7, comma 5, y 17, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la l. 7 agosto 2026, n. 145; artt. 5, comma 1, y 12 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 275, comma 4-bis, c.p.p.; art. 700 c.p.c.; art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; artt. 15 y 16 directiva 2008/115/CE; art. 13 directiva (UE) 2024/1346; artt. 3 y 5 CEDH; art. 3 directiva del Ministro del Interior de 19 de mayo de 2022; directiva del Ministro del Interior de 3 de noviembre de 2026.

Precedentes citados: Corte cost., sentt. n. 105 de 2001, n. 252 de 2001, n. 96 de 2025 y n. 40 de 2026; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 de 2017; Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 del 14 de mayo de 2024; Cass. pen., sez. I, sent. n. 1064 del 12 de enero de 2026; Cons. Stato, sez. III, 7 de octubre de 2025, n. 7839; Cons. Stato, decisión del 8 de julio de 2026 en sede de ejecución de sentencia (ottemperanza); Tribunal de Apelación de Roma, sección de persona, familia, menores y protección internacional, decreto del 12 de noviembre de 2025, R.G. n. 5967/2025; TEDH, Gran Sala, 26 de octubre de 2000, Kudła c. Polonia, demanda n. 30210/96; TEDH, 14 de noviembre de 2002, Mouisel c. Francia, demanda n. 67263/01; TEDH, Gran Sala, 15 de diciembre de 2016, Khlaifia y otros c. Italia, demanda n. 16483/12.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · CivilCivil · Proceso justo y jurisdicción

Antes de decidir quién tiene razón, el juez debe saber si puede decidir: las Secciones Unidas y el orden de las cuestiones

Con la sentencia n. 28375 de 2026, la Casación establece que la cuestión de jurisdicción planteada por la parte vencedora debe examinarse en primer lugar, salvo que el recurso principal sea inadmisible o manifiestamente infundado. En el caso de una jueza honoraria, reconoce la jurisdicción ordinaria sobre los derechos nacidos del derecho europeo.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 9 de noviembre de 2026Lectura: 7 minutos

La resolución

Tribunal de Casación, Secciones Unidas civiles, sentencia n. 28375 de 2026, vista pública del 23 de junio de 2026, publicada el 3 de noviembre de 2026, R.G. n. 20693/2024. Presidente D'ASCOLA, ponente PONTERIO

“El Tribunal de Casación debe examinar la cuestión de jurisdicción, objeto del recurso incidental, según el orden lógico de las cuestiones”

Del principio de derecho enunciado a raíz de la remisión de la Sección de lo Laboral, auto interlocutorio n. 2074 de 2026.

Ficha y texto en el sitio web del Tribunal de Casación

El caso

Una jueza honoraria reclama al Ministerio de Justicia, por los años de 2003 a 2017, una retribución equiparada a la del magistrado de carrera con funciones análogas y el resarcimiento del daño por la reiteración de las relaciones de duración determinada, invocando las directivas europeas sobre el trabajo a tiempo parcial y de duración determinada. El Tribunal estima la demanda; el Tribunal de Apelación, tras desestimar la excepción de falta de jurisdicción, desestima las pretensiones en cuanto al fondo.

Recurre la jueza; el Ministerio, vencedor en cuanto al fondo, interpone recurso incidental y vuelve a plantear la cuestión de jurisdicción, sosteniendo que la causa correspondía al juez administrativo. La Sección de lo Laboral remite a las Secciones Unidas dos cuestiones: en qué orden examinar los dos recursos y qué juez tiene jurisdicción.

La decisión

Sobre la primera cuestión, las Secciones Unidas reconstruyen sesenta años de divergencias y toman posición contra la teoría del condicionamiento automático, según la cual el recurso incidental de la parte vencedora solo se examina si el principal es fundado. Esa teoría, observa el Tribunal, separa de forma artificiosa el interés en recurrir, que nace del riesgo de perder la victoria, de su actualidad, y obliga al Tribunal a un examen del fondo que no se traduce en ninguna decisión. El principio enunciado es este: el recurso incidental sobre la jurisdicción está condicionado de iure solo cuando, en un examen prima facie, el recurso principal resulta inadmisible o manifiestamente infundado; de lo contrario, el Tribunal debe examinar en primer lugar la jurisdicción, porque ninguna decisión sobre el fondo puede preceder a la determinación del juez que tiene la potestas iudicandi. Así lo imponen, explica la sentencia, la duración razonable y el proceso justo.

Sobre la segunda cuestión, el Tribunal atiende al petitum sustancial. Citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los magistrados honorarios, desde la sentencia UX de 2020 hasta la sentencia Pelavi de 2025, y la sentencia n. 71 de 2026 del Tribunal Constitucional, afirma que quien realiza prestaciones reales y efectivas, retribuidas y no marginales, es trabajador a efectos del derecho de la Unión, sea cual sea la calificación dada por el legislador; las pretensiones basadas en derechos de origen europeo corresponden, por tanto, al juez ordinario. La causa vuelve a la Sección de lo Laboral para el fondo.

El comentario

La sentencia parece hablar solo a los juristas y, en cambio, afecta a cualquiera que acuda a un juez. El proceso no es un juego de movimientos tácticos: es el modo en que una persona obtiene una respuesta sobre un derecho propio. Admitir que el Tribunal pueda entrar en el fondo, quizá quitándole la razón a una de las partes, para luego descubrir que el juez ante el que se acudió no tenía la potestad de decidir, significa desperdiciar años de vida de las personas y recursos del Estado. Poner en primer lugar la pregunta sobre quién puede juzgar es una regla de civilización procesal, antes que de lógica.

Igualmente importante es el segundo paso. Durante décadas, muchísimos magistrados honorarios han administrado justicia sin vacaciones retribuidas, sin protección de seguridad social, con encargos renovados una y otra vez. El Tribunal de Justicia ha dicho en varias ocasiones que el nombre dado a la relación no cuenta: cuenta la realidad del trabajo. Las Secciones Unidas extraen la consecuencia en el plano de la tutela, abriendo a esas pretensiones la vía del juez ordinario. Es un reconocimiento de que la dignidad del trabajo no depende de la etiqueta, ni siquiera cuando el empleador es el Estado.

Queda por ver cómo se cuantificará la retribución debida por el pasado. El Tribunal Constitucional, en la sentencia n. 71 de 2026 citada por las Secciones Unidas, excluyó la equiparación al magistrado profesional y confió al legislador, y mientras tanto al juez, la medida económica de esos derechos. Es una tarea que el Parlamento no debería dejar una vez más en manos de los tribunales.

Qué cambia en la práctica

Quien haya ejercido durante años funciones judiciales honorarias, y considere que no ha recibido vacaciones, seguridad social o un trato no discriminatorio, sabe ahora que su pretensión, si se basa en las directivas europeas y se refiere al periodo anterior a la reforma de 2017, debe presentarse ante el juez ordinario. Más en general, todo ciudadano puede contar con una regla clara: en el Tribunal de Casación, la cuestión de jurisdicción, cuando se vuelve a plantear, se resuelve en primer lugar.

Para el abogado, la sentencia cambia el modo de plantear el recurso de casación. La parte vencedora en cuanto al fondo que pretenda impugnar la jurisdicción debe interponer recurso incidental y puede esperar que se examine con prioridad, salvo que el recurso contrario parezca a primera vista inadmisible o manifiestamente infundado; quien interpone el recurso principal debe contar con ese examen preliminar. En las causas de los magistrados honorarios debe cuidarse con atención la prueba de la naturaleza real y efectiva de la actividad realizada, según los indicios señalados por el Tribunal de Justicia.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 9 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 24 y 111 Cost.; artt. 276 y 380 c.p.c.; artt. 141 y 142 disp. att. c.p.c.; directiva 97/81/CE; directiva 1999/70/CE; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Precedentes citados: Cass., Sez. U., n. 11795 de 1990, n. 212 de 2001 y n. 5456 de 2009; Cass., sez. lav., n. 12488 de 2025; Corte cost., sent. n. 71 de 2026; Tribunal de Justicia, 16 de julio de 2020, asunto C-658/18, UX; 7 de abril de 2022, asunto C-236/20, PG; 27 de junio de 2024, asunto C-41/23, Peigli; 4 de septiembre de 2025, asunto C-253/24, Pelavi.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · LaboralLaboral · Horario y salud de los médicos

Turnos interminables en los servicios hospitalarios: el Estado no paga, pero la empresa sanitaria responde del desgaste del médico

Con la sentencia n. 28296 de 2026, las Secciones Unidas excluyen la responsabilidad del Estado por las normas que, entre 2008 y 2015, sustraían a los médicos facultativos de los límites de horario y de descanso. Pero recuerdan que la superación de los límites europeos genera siempre un daño que debe resarcirse, a cargo del empleador.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 9 de noviembre de 2026Lectura: 7 minutos

La resolución

Tribunal de Casación, Secciones Unidas civiles, sentencia n. 28296 de 2026, vista pública del 26 de mayo de 2026, publicada el 3 de noviembre de 2026, R.G. n. 19300/2024. Presidente D'ASCOLA, ponente CAMPESE

“La protección del médico facultativo, por tanto, permanece en el plano de la relación laboral y se traduce en responsabilidad del empleador”

El Tribunal añade que, en caso de superación de los límites máximos de la directiva 2003/88/CE, el daño por desgaste psicofísico existe in re ipsa.

Ficha y texto en el sitio web del Tribunal de Casación

El caso

Algunos médicos del Servicio Sanitario Nacional reclaman a la Presidencia del Consejo de Ministros el resarcimiento del daño por haber trabajado, entre 2008 y 2015, con horarios semanales y descansos no conformes con la directiva 2003/88/CE. Acusan al Estado de no haber adaptado el ordenamiento: el art. 3, comma 85, de la ley n. 244 de 2007 y el art. 41, comma 13, del d.l. n. 112 de 2008 habían excluido a los médicos facultativos de los límites de horario semanal y de descanso diario del d.lgs. n. 66 de 2003, hasta la derogación dispuesta por la ley n. 161 de 2014, tras un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea.

En primera instancia y en apelación se desestima la demanda; el Tribunal de Apelación de Roma resuelve mediante sentencia del 12 de febrero de 2024. La Sección de lo Laboral, tras apreciar una divergencia latente con la Sección Tercera, remite la cuestión a las Secciones Unidas.

La decisión

Las Secciones Unidas desestiman el recurso. La directiva, observan, garantiza once horas consecutivas de descanso cada veinticuatro y una media de cuarenta y ocho horas semanales, pero construye estas protecciones sobre un amplio sistema de excepciones, confiadas también a la negociación colectiva, especialmente para los servicios hospitalarios. Las normas internas de 2007 y de 2008 remitían a los convenios la definición de modalidades idóneas para garantizar una protección adecuada y la recuperación de energías, y el convenio colectivo de 2008 preveía descansos después de las guardias y los turnos nocturnos. Ni el procedimiento de infracción, cerrado sin una sentencia del Tribunal de Justicia, ni la posterior derogación demuestran por sí mismos una violación grave y manifiesta, que es el presupuesto de la responsabilidad del Estado.

Sin embargo, el Tribunal no deja a los médicos sin protección. Precisa que el consentimiento del trabajador a la superación de los límites «en ningún caso puede operar ad nutum y ad libitum», que la superación de los límites máximos de la directiva es siempre fuente de resarcimiento, con un daño por desgaste psicofísico in re ipsa, y que de ese daño responde el empleador, es decir, la empresa sanitaria, conforme al art. 2087 del Código Civil. Costas compensadas, por la complejidad de las cuestiones y la falta de uniformidad de los precedentes.

El comentario

Detrás de una cuestión técnica, la responsabilidad del Estado por la deficiente transposición de una directiva, hay una realidad que todos conocen: médicos que salen de una noche de guardia y vuelven al servicio, turnos que se alargan porque falta personal, un cansancio que se convierte en riesgo, para quien cura y para quien es curado. El límite de horario no es un privilegio corporativo. Es, como recuerda el propio Tribunal citando la jurisprudencia europea, un derecho social establecido para proteger la salud.

La solución de las Secciones Unidas es discutible. Considerar no grave una excepción que, como había señalado la Comisión al abrir el procedimiento de infracción, se extendía a todos los médicos del Servicio Sanitario, calificados como dirigentes incluso sin ocupar puestos de dirección, deja más de una duda, y es significativo que la Sección Tercera hubiera considerado esa regulación no conforme. Pero la sentencia tiene un mérito que no debe subestimarse: traslada el centro de gravedad de la protección allí donde se produce el daño, en la relación laboral, y afirma con claridad que el daño por desgaste no tiene que probarse en su cuantía detallada, porque es inherente a la superación de los límites.

El mensaje a las empresas sanitarias es claro. Organizar los servicios contando con la disponibilidad ilimitada de los médicos, o con un consentimiento que el Tribunal declara carente de valor si no está acotado, expone a responsabilidad. La salud de quien trabaja y la seguridad de la atención son la misma cosa vista desde dos lados.

Qué cambia en la práctica

El médico que ha trabajado por encima de los límites europeos, o sin los descansos debidos, no puede reclamar el resarcimiento al Estado por las normas del periodo 2008-2015, pero puede actuar contra su propia empresa sanitaria. Es importante conservar los cuadrantes de turnos, las hojas de asistencia, las órdenes de servicio y todo documento sobre las guardias y las disponibilidades localizadas, recordando que los derechos de crédito están sujetos a prescripción.

Para el abogado, la sentencia indica el camino: la acción debe basarse en el art. 2087 del Código Civil y en la superación concreta de los límites legales o convencionales, frente al empleador, y no en la responsabilidad del Estado legislador. El daño por desgaste psicofísico se reconoce in re ipsa cuando se superan los límites máximos; queda por alegar y probar con precisión la superación, hora por hora y turno por turno, y por impugnar el eventual consentimiento del trabajador, que no puede valer como renuncia indeterminada.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 9 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 32 y 36 Cost.; art. 31 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; artt. 3, 6, 17, 18 y 22 directiva 2003/88/CE; artt. 4 y 7 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; art. 3, comma 85, l. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 41, comma 13, d.l. 25 giugno 2008, n. 112; art. 14 l. 30 ottobre 2014, n. 161; art. 15, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; art. 2087 c.c.

Precedentes citados: Cass., sez. III, nn. 18381 y 18382 de 2025; Cass., sez. lav., ord. interl. n. 30777 de 2025; Tribunal de Justicia, 9 de septiembre de 2003, asunto C-151/02, Jaeger; Tribunal de Justicia, asunto C-243/09, Fuß; Tribunal de Justicia, Gran Sala, 24 de marzo de 2026, asunto C-767/23, Remling.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Jurisprudencia de inmigración

16nov 2026
Reseña de inmigraciónn. 4 · 9-16 de noviembre de 2026

Reseña de inmigración n. 4, 16 de noviembre de 2026

Doce fichas: el Tribunal Constitucional y las modalidades del internamiento, la regularización del trabajo irregular ante el Consejo de Estado, la autorización de trabajo revocada por culpa del empleador, el asilo pedido después de la orden del questore, la falsa declaración de alojamiento, el documento del solicitante que debe reflejar la verdad, la solicitud reiterada sin renuncia a la protección subsidiaria, el padre autorizado a permanecer, la renta de ciudadanía para los refugiados y, del fondo del despacho, un auto de 2024 sobre la competencia para convalidar la prórroga.

Actualizada al 16.11.2026Leer la reseña →
16nov 2026
ComentarioInternamiento y juez competente

Quien pide asilo cambia de juez: la Casación y la competencia sobre la prórroga del internamiento

Si el extranjero internado manifiesta la voluntad de pedir asilo, incluso mediante la p.e.c. del abogado defensor, el título del internamiento cambia y la prórroga ya no puede convalidarla el Juez de paz. Una fórmula estereotipada no es motivación. Las reglas sobre la competencia cambiaron después dos veces.

Avv. Giuseppe MARIANILeer el comentario →

La semana anterior

9nov 2026
Comentario · PenalPenal · Libertad de expresión

La libertad de expresión no se detiene en la puerta del cuartel: el Tribunal Constitucional suprime la prisión obligatoria para la difamación militar

Con la sentencia n. 181 de 2026, el Tribunal declara inconstitucional el art. 227 del Código Penal Militar de Paz, que castigaba la ofensa a la reputación entre militares únicamente con prisión. Desde hoy rige la disciplina común, con la multa como alternativa y ante el juez ordinario.

Avv. Giuseppe MARIANILeer el comentario →
9nov 2026
Comentario · InmigraciónInmigración · Internamiento y derecho a la salud

Internar sin preguntarse si se puede: la directiva del 3 de noviembre de 2026 suprime el juicio médico de aptitud para el C.P.R. y viola la ley y la Constitución

Con un acto administrativo que nadie ha podido leer en la Gazzetta, el Ministro del Interior reescribe las reglas sanitarias de la detención administrativa: el dictamen del médico ya no impide el internamiento, la persona puede ser encerrada en el centro antes de ser examinada y al juez de la convalidación le llega, si lo pide, un resumen. Es la prueba más evidente del vacío legal que el Tribunal Constitucional denunció en 2025.

Avv. Giuseppe MARIANILeer el comentario →
9nov 2026
Comentario · CivilCivil · Proceso justo y jurisdicción

Antes de decidir quién tiene razón, el juez debe saber si puede decidir: las Secciones Unidas y el orden de las cuestiones

Con la sentencia n. 28375 de 2026, la Casación establece que la cuestión de jurisdicción planteada por la parte vencedora debe examinarse en primer lugar, salvo que el recurso principal sea inadmisible o manifiestamente infundado. En el caso de una jueza honoraria, reconoce la jurisdicción ordinaria sobre los derechos nacidos del derecho europeo.

Avv. Giuseppe MARIANILeer el comentario →
9nov 2026
Comentario · LaboralLaboral · Horario y salud de los médicos

Turnos interminables en los servicios hospitalarios: el Estado no paga, pero la empresa sanitaria responde del desgaste del médico

Con la sentencia n. 28296 de 2026, las Secciones Unidas excluyen la responsabilidad del Estado por las normas que, entre 2008 y 2015, sustraían a los médicos facultativos de los límites de horario y de descanso. Pero recuerdan que la superación de los límites europeos genera siempre un daño que debe resarcirse, a cargo del empleador.

Avv. Giuseppe MARIANILeer el comentario →
9nov 2026
Reseña semanalPenal · Inmigración · Civil · Laboral

Semana normativa del 9 de noviembre de 2026

Las novedades normativas y las resoluciones más relevantes del 2 al 9 de noviembre de 2026, con las consecuencias prácticas para ciudadanos y profesionales.

Actualizada al 09.11.2026Leer la reseña →
9nov 2026
Reseña de inmigraciónn. 3 · 2-9 de noviembre de 2026

Reseña de inmigración n. 3, 9 de noviembre de 2026

Seis fichas: la condición de solicitante y la prueba de la renuncia, la manifiesta falta de fundamento sin suspensión cautelar, el procedimiento fronterizo basado únicamente en el dato estadístico, el concurso de Defensa reabierto a los extranjeros, la ciudadanía de los menores nacidos en el extranjero ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia, y un auto de 2023 del fondo del despacho.

Actualizada al 09.11.2026Leer la reseña →

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Comentario · PenalPenal · Presunción de inocencia e información

Absuelto también en el periódico: la ley n. 201 de 2026 obliga a los medios a informar de la decisión favorable con igual relevancia

A partir del 24 de noviembre de 2026, quien haya sido absuelto, sobreseído o cuyo procedimiento haya sido archivado puede pedir al medio que había informado sobre el procedimiento que publique, gratuitamente y con la relevancia adecuada, la noticia de la decisión favorable. Si el medio no lo hace, resuelve el Garante para la protección de datos personales en un plazo de cinco días.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 16 de noviembre de 2026Lectura: 6 minutos

La norma

Legge 29 ottobre 2026, n. 201, «Modificación del código previsto en el decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, en materia de publicidad de las sentencias de absolución o sobreseimiento», publicada en la Gazzetta Ufficiale, serie general, n. 261 del 9 de noviembre de 2026, en vigor desde el 24 de noviembre de 2026

“Con una relevancia adecuada al espacio ya dedicado al correspondiente procedimiento penal”

Art. 144-ter, comma 1, del código en materia de protección de datos personales, introducido por el art. 1 de la ley: es la medida de la publicidad debida a la noticia de la resolución favorable.

Texto en la Gazzetta Ufficiale

La norma

La legge 29 ottobre 2026, n. 201, compuesta por dos artículos, introduce en el código en materia de protección de datos personales, después del art. 144-bis, un nuevo art. 144-ter. A petición de la persona respecto de la cual se haya dictado sentencia de absolución, de sobreseimiento o de no ha lugar a proceder, o bien resolución de archivo, el director o el responsable del medio periodístico, radiofónico, televisivo o digital que haya informado sobre el procedimiento penal, o sobre actos y resoluciones relacionados con él, está obligado a publicar, sin coste para el interesado, la noticia de las resoluciones favorables, «con una relevancia adecuada al espacio ya dedicado al correspondiente procedimiento penal».

Si el director o el responsable no cumple, el interesado puede presentar una denuncia ante el Garante para la protección de datos personales, que resuelve en los cinco días siguientes y puede ordenar la publicación de la noticia. El art. 2 contiene la cláusula de neutralidad financiera: el Garante actúa con los recursos de que ya dispone.

La ley nace de una proposición de iniciativa parlamentaria presentada en la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2022 (A.C. 632), aprobada por la Cámara el 28 de mayo de 2026 y, de forma definitiva, por el Senado el 28 de octubre de 2026 (A.S. 1919). Se publicó en la Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 de noviembre de 2026 y entra en vigor el 24 de noviembre de 2026.

El comentario

Cualquiera que haya asistido a una persona acusada y después absuelta conoce la desproporción. La inscripción en el registro de investigados, el registro domiciliario, el auto de apertura de juicio acaban en los periódicos, a menudo con el nombre y la fotografía; la sentencia que, años después, declara que el hecho no existe o que el acusado no lo cometió ocupa, en el mejor de los casos, unas pocas líneas. Mientras tanto, la reputación queda comprometida, el trabajo a veces perdido, y la red conserva durante mucho tiempo la primera versión de los hechos. La Constitución, en su art. 27, párrafo segundo, establece que «el acusado no se considera culpable hasta la condena firme»: pero la presunción de inocencia no vive solo en las salas de justicia, vive también en el relato público del proceso.

La ley n. 201 de 2026 da un paso en la dirección correcta, y lo da con mesura. No limita la crónica judicial, que sigue siendo una garantía de control democrático sobre el ejercicio del poder punitivo; no impone rectificaciones de hechos verdaderos ni sanciones a los periodistas. Pide únicamente que el mismo medio que dio cuenta de la acusación dé cuenta también de su resultado, cuando es favorable, y con una relevancia proporcionada. Es un principio de lealtad hacia los lectores, antes incluso que hacia el interesado: una información completa es una información más libre.

Quedan algunas cuestiones que la aplicación deberá resolver. La ley no fija un plazo para la petición ni para la publicación, y no dice cómo medir la «relevancia adecuada», sobre todo para las noticias difundidas en la red y replicadas varias veces. Encomienda al Garante una decisión en cinco días, pero sin nuevos recursos. Y se refiere solo a la noticia de la resolución favorable, no a la actualización o la retirada de los artículos ya publicados, que siguen confiadas a los instrumentos ordinarios de la protección de datos personales. Será importante que el Garante y los jueces le den una interpretación coherente con su finalidad: devolver a la persona, de la forma más plena posible, la reputación que el proceso le había quitado.

Una ley como esta vale para todos, para el ciudadano desconocido como para quien ocupa cargos públicos, para el italiano como para el extranjero, que a menudo sufre más que otros el peso de una acusación que después decae. Es un signo de civilización jurídica que el legislador haya optado, por una vez, por reforzar una garantía en lugar de restringirla.

Qué cambia en la práctica

A partir del 24 de noviembre de 2026, quien haya sido absuelto, sobreseído, haya obtenido una sentencia de no ha lugar a proceder o el archivo puede pedir al medio que había informado sobre el procedimiento que publique la noticia de la decisión favorable, sin coste alguno. Conviene hacerlo por escrito, por un medio que acredite la recepción, adjuntando copia de la resolución e indicando los artículos o reportajes que habían informado sobre el procedimiento. Si el medio no lo hace, o publica la noticia con una relevancia inadecuada, se puede presentar una denuncia ante el Garante, que debe resolver en un plazo de cinco días.

El abogado que defendió a la persona en el proceso es el primero que puede ayudarla también en esta fase, que es la continuación natural del proceso. Le corresponde reunir la documentación de la cobertura periodística, preparar la petición al director y, si es necesario, la denuncia ante el Garante, valorando junto con el cliente si conviene añadir los demás remedios de protección de la reputación y de los datos personales. La ley no contiene un régimen transitorio: si la petición puede referirse también a resoluciones dictadas antes del 24 de noviembre de 2026 es una cuestión que debe valorarse caso por caso.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 16 de noviembre de 2026

Referencias normativas: art. 27, párrafo segundo, Cost.; artt. 144-bis y 144-ter d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; artt. 1 y 2 l. 29 ottobre 2026, n. 201.

Precedentes citados: ninguno. Trabajos preparatorios: A.C. 632 y A.S. 1919, tal como se indican en la Gazzetta Ufficiale.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · InmigraciónInmigración · Internamiento y reserva de ley

La libertad de los internados sigue esperando una ley: el Tribunal Constitucional reitera su advertencia sobre las modalidades del internamiento

Con la sentencia n. 193 de 2026, el Tribunal desestima las cuestiones sobre la competencia del Tribunal de Apelación para la convalidación del internamiento de los solicitantes de asilo, opción ya superada por el d.l. n. 100 de 2026, y declara inadmisibles las basadas en el art. 13 de la Constitución. Pero reitera que el legislador debe regular por ley, y con urgencia, las modalidades de la detención administrativa.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 16 de noviembre de 2026Lectura: 8 minutos

La resolución

Tribunal Constitucional, sentencia n. 193 de 2026, decidida el 8 de junio de 2026, depositada el 10 de noviembre de 2026, publicada en la Gazzetta Ufficiale, 1ª serie especial, n. 45 del 11 de noviembre de 2026. Magistrada ponente SAN GIORGIO

“Una regulación que garantice una base legal adecuada a las exigencias enunciadas, tanto más urgente en consideración de la centralidad de la libertad personal en el diseño constitucional”

El Tribunal retoma las palabras de la sentencia n. 96 de 2025 y renueva al legislador la invitación a regular por ley las modalidades del internamiento.

Texto en la Gazzetta Ufficiale

El caso

El Tribunal de Apelación de Lecce, sección de inmigración, en formación unipersonal, llamado en 2025 a convalidar el internamiento, o la prórroga del internamiento, de personas extranjeras que habían solicitado protección internacional cuando ya estaban internadas en el centro de permanencia para la repatriación, plantea mediante trece autos diversas cuestiones de constitucionalidad.

Impugna ante todo la opción del d.l. n. 145 de 2024, convertido por la ley n. 187 de 2024, de atribuir esas convalidaciones al Tribunal de Apelación, en lugar de a la sección especializada del tribunal de distrito. Denuncia además que la ley no regula las modalidades del internamiento de los solicitantes de asilo y las remite a fuentes secundarias y a la discrecionalidad de la administración, en violación de la reserva de ley del art. 13 de la Constitución; y que el internado no tiene un acceso pleno e inmediato al abogado defensor, que solo conoce el procedimiento con el decreto de señalamiento de la vista.

La decisión

El Tribunal señala en primer lugar que el d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la legge 7 agosto 2026, n. 145, devolvió a las secciones especializadas la competencia sobre la convalidación del internamiento de los solicitantes y previó el recurso de casación conforme al Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, las nuevas reglas no se aplican a los procesos examinados, tanto por el principio tempus regit actum como porque el art. 17, comma 4, del decreto mantiene la regulación anterior para los procedimientos iniciados a raíz de solicitudes presentadas antes del 12 de junio de 2026.

Las cuestiones sobre la competencia del Tribunal de Apelación se declaran en parte manifiestamente infundadas y en parte infundadas, sobre la base de la sentencia n. 205 de 2025: el traslado, aunque sacrifica la concentración y la uniformidad, es una opción discrecional que no incurre en irrazonabilidad manifiesta. Infundadas también las censuras sobre el derecho de defensa: citando la sentencia n. 78 de 2026, el Tribunal excluye que la posición del internado pueda asimilarse a la del detenido, porque el extranjero «no está acusado de un ilícito», y recuerda que la ley garantiza la participación del abogado defensor en la vista y la comunicación de la resolución del questore (jefe provincial de la Policía) en una lengua que el interesado comprenda.

Sobre el art. 13 de la Constitución, en cambio, las cuestiones se declaran inadmisibles, pero por una razón que pesa más que una estimación. El Tribunal cita la sentencia n. 96 de 2025, que ya había declarado que la remisión del art. 14 del texto único a un reglamento y a resoluciones de las prefecturas «no satisface, en modo alguno, la reserva absoluta» de ley, porque remite «prácticamente toda la regulación de la materia a normas reglamentarias y a resoluciones administrativas discrecionales». Ese vacío no puede colmarlo el Tribunal, ni con las directivas europeas ni con el ordenamiento penitenciario, porque la detención administrativa debe permanecer ajena a toda connotación sancionadora. Corresponde al legislador.

El comentario

Tras la sentencia n. 96 de 2025, el Tribunal Constitucional se lo repite al Parlamento con las mismas palabras: la libertad de quien está internado en un centro de permanencia para la repatriación todavía no tiene una ley que describa sus límites. La sentencia n. 193 no introduce reglas nuevas y, en el plano procesal, deja las cosas como estaban: las convalidaciones relativas a solicitudes de protección presentadas antes del 12 de junio de 2026 siguen correspondiendo al Tribunal de Apelación, las demás han vuelto, por decisión del legislador de 2026, al juez especializado. Su valor reside en la advertencia, que el Tribunal renueva con una expresión precisa: la regulación que falta es «tanto más urgente en consideración de la centralidad de la libertad personal en el diseño constitucional».

La semana pasada, al comentar la directiva del Ministro del Interior del 3 de noviembre de 2026 sobre los reconocimientos médicos de aptitud para el internamiento, observamos que precisamente ese vacío permite a la administración reescribir mediante un acto interno las garantías sanitarias de quien está privado de libertad. La sentencia n. 193 confirma el diagnóstico: mientras la ley calle, las modalidades de la detención administrativa siguen confiadas a reglamentos, directivas y resoluciones de los prefectos, es decir, a fuentes que el poder ejecutivo puede cambiar por sí solo. En un Estado de Derecho no debería ocurrir con nadie, y menos aún con personas que no están acusadas de delito alguno.

Suscita en cambio alguna perplejidad la parte relativa al derecho de defensa. Es cierto que el internado no es un acusado; pero precisamente porque pierde la libertad sin estar acusado de un ilícito, tendría derecho a garantías no inferiores. Un abogado defensor que conoce el expediente pocas horas antes de la vista, a menudo sin haber podido hablar con su cliente, garantiza una presencia, no siempre una defensa efectiva. Sobre esto el legislador puede intervenir sin esperar otras resoluciones.

El Tribunal hizo lo que podía: dijo con claridad dónde está el problema y a quién corresponde resolverlo. Ahora la responsabilidad es enteramente del Parlamento. Una ley sobre las modalidades del internamiento, que establezca los derechos de la persona en el centro, el acceso a la atención sanitaria, a los abogados, a los familiares, a las comunicaciones, y las facultades y los límites de quienes gestionan las instalaciones, no es un favor a los extranjeros: es el cumplimiento de una obligación constitucional y una garantía de libertad para todos.

Qué cambia en la práctica

Para quien está internado, y para sus familiares, la sentencia no cambia las reglas del procedimiento: la convalidación por parte de un juez sigue siendo necesaria, el abogado defensor participa en la vista y la resolución debe comunicarse en una lengua comprensible. Queda, sin embargo, un dato del que hay que ser consciente: las condiciones concretas del internamiento, la asistencia sanitaria, las entrevistas y las comunicaciones con el exterior no están reguladas por una ley, y cualquier dificultad debe comunicarse de inmediato al abogado defensor.

Para el abogado, la sentencia es una herramienta de trabajo. Constatada por el Tribunal la ausencia de una base legal adecuada para las modalidades del internamiento, todo acto administrativo que afecte a los derechos fundamentales de la persona internada merece un examen riguroso, tanto en las vistas de convalidación y de prórroga como en los procedimientos de revisión. Es preciso además verificar, para cada procedimiento, la fecha de la solicitud de protección, porque de ella dependen el juez competente y el régimen de impugnación: las solicitudes anteriores al 12 de junio de 2026 siguen la regulación anterior, las posteriores el d.l. n. 100 de 2026.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 16 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 3, 13, 24, 25, párrafo primero, 72, párrafo primero, 77, párrafo segundo, 102, párrafo segundo, y 111 Cost.; art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; artt. 6 y 7 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertido por la l. 13 aprile 2017, n. 46; artt. 16, 17, 18, 18-bis y 19 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertido por la l. 9 dicembre 2024, n. 187; artt. 14 y 17 d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la l. 7 agosto 2026, n. 145.

Precedentes citados: Corte cost., sentt. n. 193 de 2026, n. 78 de 2026, n. 205 de 2025 y n. 96 de 2025; Corte cost., ord. n. 30 de 2024.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · CivilCivil · Sociedades, sucesiones y publicidad

La participación en litigio no se reserva: las Secciones Unidas excluyen la inscripción de las demandas judiciales en el registro mercantil

Con la sentencia n. 28669 de 2026, a raíz de una remisión prejudicial del Tribunal de Venecia, la Casación afirma que la publicidad del registro mercantil es típica: quien reclama en juicio participaciones de una sociedad no puede inscribir la demanda para hacerla oponible a terceros. Una regla de certeza, que deja al legislador la tarea de decidir si colmar un vacío de protección.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 16 de noviembre de 2026Lectura: 6 minutos

La resolución

Tribunal de Casación, Secciones Unidas civiles, sentencia n. 28669 de 2026, vista pública del 26 de mayo de 2026, publicada el 9 de noviembre de 2026, R.G. n. 10524/2025. Primer Presidente D'ASCOLA, ponente IOFRIDA

“El sistema de publicidad garantizado por el Registro Mercantil no admite la posibilidad de inscribir las demandas judiciales que tengan por objeto la transmisión de las participaciones sociales”

Es el principio de derecho enunciado por las Secciones Unidas con arreglo al art. 363-bis del Código de Procedimiento Civil.

Ficha y texto en el sitio web del Tribunal de Casación

El caso

Un heredero promueve un proceso de rescisión por lesión y, en todo caso, de reducción de las disposiciones testamentarias de su padre, en cuyo patrimonio hay participaciones en dos sociedades. Para impedir que las participaciones circulen mientras se tramita el proceso, pide al Conservador del registro mercantil que inscriba las demandas judiciales, invocando los efectos que los artt. 2652 y 2690 del Código Civil vinculan a la inscripción de las demandas relativas a los bienes inmuebles y a los bienes muebles registrados.

El Conservador se niega. En el procedimiento ante el juez del registro, promovido con arreglo al art. 2189 del Código Civil, el Tribunal de Venecia, mediante auto del 20 de mayo de 2025, remite la cuestión a la Casación mediante la remisión prejudicial del art. 363-bis del Código de Procedimiento Civil: si las demandas judiciales, en particular las que tienen por objeto participaciones de sociedades, pueden inscribirse en el registro mercantil.

La decisión

Las Secciones Unidas consideran ante todo admisible la remisión, aunque se haya planteado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, citando sus propios precedentes (Cass., Sez. U., n. 11399 de 2024). En cuanto al fondo, excluyen la inscripción. El registro mercantil se rige por el principio de tipicidad legal: el nivel de exhaustividad de la información que debe publicarse «debe establecerlo exclusivamente el legislador», y el intérprete no puede completarlo.

Las normas sobre la inscripción de las demandas judiciales son excepcionales y de aplicación estricta; cuando el legislador ha querido dar publicidad en el registro a una demanda judicial, lo ha dicho expresamente, como en el caso de la demanda de arbitraje societario, prevista por el art. 35 del d.lgs. n. 5 de 2003 y hoy incorporada al art. 838-ter del Código de Procedimiento Civil. La demanda, añade el Tribunal, no es un acto preparatorio de la transmisión, como la prenda, el embargo o el secuestro, porque contiene afirmaciones unilaterales sobre cuyo fundamento decidirá un juez; tampoco cabe una aplicación extensiva del art. 2470 del Código Civil, que regula el conflicto entre varios adquirentes de un mismo transmitente. Amplios márgenes de incertidumbre, concluye, serían contrarios a las exigencias que el registro pretende proteger.

El comentario

La sentencia es rigurosa y coherente con el sistema. La publicidad mercantil sirve para dar a los terceros información cierta; permitir inscribir una demanda sobre la base de las meras afirmaciones de quien la presenta haría el registro menos fiable y podría bloquear la circulación de las participaciones incluso en virtud de pretensiones infundadas.

Pero el rigor tiene un coste, que conviene ver sin rodeos. El legitimario que actúa para recuperar aquello de lo que se le ha privado, o quien reclama una participación que considera suya, no dispone, para las participaciones sociales, del instrumento que la ley le ofrece para una casa o un automóvil: la inscripción de la demanda, que hace la futura sentencia oponible a quien adquiera entretanto. Mientras se tramita un proceso que puede durar años, las participaciones pueden cederse a terceros de buena fe, y la sentencia favorable corre el riesgo de llegar cuando ya no queda nada que recuperar. Es una asimetría que afecta sobre todo a las familias y a las pequeñas empresas, donde el patrimonio está formado por participaciones más que por inmuebles.

El Tribunal no podía colmarla, e hizo bien en decirlo: no corresponde al juez crear formas de publicidad que la ley no prevé. Corresponde al legislador valorar si introducir, para las demandas más relevantes, una publicidad con efectos definidos, equilibrando la protección de quien actúa con la seguridad del tráfico jurídico. Mientras tanto, la protección efectiva de los derechos pasa por la rapidez de la acción y por los instrumentos cautelares, porque un derecho reconocido demasiado tarde es, para su titular, un derecho denegado.

Qué cambia en la práctica

Quien pretenda actuar en juicio para obtener participaciones de una sociedad, por ejemplo para hacer valer sus derechos de legitimario o para pedir el cumplimiento de un contrato preliminar, debe saber que no podrá inscribir la demanda en el registro mercantil y que, mientras el proceso esté pendiente, las participaciones pueden transmitirse. Es conveniente acudir de inmediato a un abogado, antes de que la situación patrimonial cambie.

Para el abogado, la sentencia obliga a plantear la estrategia desde el principio. Es preciso valorar, antes de la demanda sobre el fondo o junto con ella, las medidas cautelares que el ordenamiento permite, verificando caso por caso sus presupuestos y formas de publicidad, y considerar los instrumentos que ofrecen los estatutos y los pactos entre socios. Las Secciones Unidas dejaron expresamente fuera de la cuestión planteada el problema distinto de la inscripción de la sentencia estimatoria: también en este punto conviene actuar con prudencia.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 16 de noviembre de 2026

Referencias normativas: artt. 2189, 2470, 2652 y 2690 c.c.; artt. 363-bis y 838-ter c.p.c.; art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Precedentes citados: Cass., Sez. U., n. 28669 de 2026, n. 11399 de 2024 y n. 7337 de 2024; Cass., sez. I, n. 11688 de 2024.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Comentario · LaboralLaboral · Plataformas digitales y dignidad del trabajo

El algoritmo no despide: el decreto sobre el trabajo a través de plataformas, en la Gazzetta; desde el 2 de diciembre las decisiones más graves las toma una persona

El d.lgs. 2 novembre 2026, n. 208, publicado el 14 de noviembre, transpone la directiva (UE) 2024/2831: presunción de subordinación cuando se aprecian facultades de dirección y control, nulidad de las decisiones más graves no adoptadas por un ser humano, derecho a una explicación por escrito y a la revisión, prohibición de tratar datos sobre emociones, conversaciones privadas y condición de migrante.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 16 de noviembre de 2026Lectura: 7 minutos

La norma

Decreto legislativo 2 novembre 2026, n. 208, «Transposición de la directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales», publicado en la Gazzetta Ufficiale, serie general, n. 266 del 14 de noviembre de 2026, en vigor desde el 2 de diciembre de 2026

“Es adoptada exclusivamente por un ser humano”

Art. 9, comma 7, del decreto, sobre las decisiones que limitan, suspenden o ponen fin a la relación o cierran la cuenta: en caso de infracción, la decisión es nula.

Texto en la Gazzetta Ufficiale

La norma

El decreto se aplica a todas las plataformas digitales de trabajo que, dondequiera que tengan su sede, organicen trabajo realizado en el territorio nacional, y a todas las personas que trabajan en ellas, por cuenta ajena, autónomas o colaboradoras (artt. 2 y 3). No se incluyen las plataformas que se limitan a poner en contacto a prestadores y usuarios sin organizar el trabajo. Quien trabaja a través de un intermediario tiene las mismas protecciones que quien tiene una relación directa con la plataforma (art. 4).

El art. 5 introduce una presunción legal: cuando se aprecian hechos que indican facultades de dirección y control, aunque se ejerzan mediante sistemas automatizados, la relación se presume laboral por cuenta ajena, salvo prueba en contrario. Para las relaciones en curso a 2 de diciembre de 2026, la presunción opera solo para el periodo posterior; el límite no afecta a la presunción ya prevista por el art. 12 del d.l. n. 62 de 2026, convertido por la ley n. 112 de 2026, para los trabajadores intermediados por plataformas digitales. La presunción no se aplica a los profesionales colegiados, salvo que realicen a través de la plataforma actividades distintas de las propias de su profesión.

Las plataformas no pueden tratar datos sobre el estado emocional o psicológico, sobre las conversaciones privadas, sobre la persona cuando no trabaja, ni utilizar los datos para predecir el ejercicio de derechos como la libertad de asociación o para deducir el origen étnico, la condición de migrante, las opiniones, la salud o la orientación sexual (art. 6). Deben garantizar una supervisión humana de los sistemas automatizados, y toda decisión que limite, suspenda o ponga fin a la relación, o cierre la cuenta, «es adoptada exclusivamente por un ser humano», so pena de nulidad; solo se admite una suspensión de la cuenta no superior a setenta y dos horas, para prevenir fraudes y accesos no autorizados o por razones de seguridad (art. 9).

Quien se ve afectado por una decisión adoptada o apoyada por un sistema automatizado tiene derecho a una explicación por escrito en un plazo de quince días desde la petición; para las decisiones más graves, como la limitación, la suspensión o el cierre de la cuenta y la falta de pago del trabajo realizado, la motivación por escrito debe darse a más tardar el día en que la decisión surte efecto; la revisión concluye con una respuesta por escrito y motivada en un plazo de catorce días (art. 10). Se prohíben el despido y todo trato perjudicial que sean consecuencia del ejercicio de los derechos, y en juicio la carga de la prueba recae sobre la plataforma (art. 18). El decreto entra en vigor el 2 de diciembre de 2026 (art. 28).

El comentario

Hace dos semanas, al comentar la aprobación definitiva, escribimos que una decisión que quita el trabajo a una persona debe tomarla otra persona. El texto publicado en la Gazzetta lo confirma, y lo protege con la sanción más seria que conoce el derecho civil, la nulidad. La lectura del texto definitivo confirma también la numeración y el contenido de los artículos del proyecto que habíamos comentado, y añade una precisión que entonces no habíamos recogido: la suspensión de la cuenta de hasta setenta y dos horas para prevenir fraudes y por razones de seguridad, que deberá seguir siendo una excepción y no convertirse en un despido a plazos.

El núcleo del decreto es una idea sencilla y liberal: el poder debe reconocerse por lo que es, aunque se esconda detrás de una aplicación. Quien asigna los encargos, fija los precios, evalúa las prestaciones y puede excluir a una persona del trabajo ejerce facultades de dirección y control; si lo hace por medio de un algoritmo, no por ello deja de ejercerlas. La presunción del art. 5 devuelve a quien trabaja la posibilidad de hacer valer la realidad de la relación sin tener que demostrar, por sí solo, el funcionamiento de un sistema que no conoce.

Igual de importante es el capítulo sobre los datos. La prohibición de tratar información sobre las emociones, sobre las conversaciones privadas, sobre la vida fuera del trabajo, y de utilizarla para predecir quién ejercerá derechos sindicales o para deducir la condición de migrante, protege a la persona en su integridad, no solo al trabajador. Muchos de quienes trabajan a través de plataformas son extranjeros: el decreto prohíbe expresamente que su condición se convierta en un criterio oculto de las decisiones.

Queda el problema de siempre, la efectividad. Las protecciones valen si alguien las conoce y las hace valer, y quien trabaja con relaciones breves, a menudo sin dominar el idioma, teme que pedir explicaciones signifique perder el trabajo. Por eso son decisivas la prohibición de represalias y la inversión de la carga de la prueba del art. 18; pero también hacen falta controles efectivos, información clara y en varios idiomas, y la presencia de las organizaciones sindicales.

Qué cambia en la práctica

A partir del 2 de diciembre de 2026, quien trabaja a través de una aplicación, como repartidor, conductor, encargado de servicios o en cualquier otra actividad organizada por una plataforma, tiene derechos precisos. Si la cuenta se limita, se suspende o se cierra, o el trabajo realizado no se paga, la plataforma debe dar una motivación por escrito a más tardar el día en que la decisión surte efecto, y quien la recibe puede pedir su revisión, con una respuesta motivada en un plazo de catorce días. La decisión debe haberla tomado una persona; de lo contrario, es nula. Conviene conservar mensajes, turnos, valoraciones y retribuciones, y pedir siempre por escrito las explicaciones, sin temor: las represalias están prohibidas.

El abogado laboralista dispone de un instrumento nuevo y eficaz. En las relaciones en curso habrá que distinguir el periodo anterior y el posterior al 2 de diciembre de 2026, recordando que el límite temporal no afecta a la presunción ya prevista por el d.l. n. 62 de 2026; habrá que reunir los indicios de dirección y control, también los que se deduzcan de los sistemas automatizados, y utilizar la petición de explicación y de revisión como primer acto de la defensa de los derechos. El art. 5, comma 2, permite también la certificación de la relación ante las comisiones, a instancia de la persona interesada o de sus representantes.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 16 de noviembre de 2026

Referencias normativas: directiva (UE) 2024/2831; reglamento (UE) 2016/679; art. 11 l. 13 giugno 2025, n. 91; artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 18 y 28 d.lgs. 2 novembre 2026, n. 208; art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; art. 12 d.l. 30 aprile 2026, n. 62, convertido por la l. 25 giugno 2026, n. 112.

Precedentes citados: ninguno. El presente comentario verifica, sobre el texto publicado en la Gazzetta, el comentario del 2 de noviembre de 2026, redactado sobre el proyecto A.G. n. 433.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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Jurisprudencia de inmigración

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