La resolución
Tribunal de Casación, Secciones Unidas civiles, sentencia n. 28669 de 2026, vista pública del 26 de mayo de 2026, publicada el 9 de noviembre de 2026, R.G. n. 10524/2025. Primer Presidente D'ASCOLA, ponente IOFRIDA
“El sistema de publicidad garantizado por el Registro Mercantil no admite la posibilidad de inscribir las demandas judiciales que tengan por objeto la transmisión de las participaciones sociales”
Es el principio de derecho enunciado por las Secciones Unidas con arreglo al art. 363-bis del Código de Procedimiento Civil.
El caso
Un heredero promueve un proceso de rescisión por lesión y, en todo caso, de reducción de las disposiciones testamentarias de su padre, en cuyo patrimonio hay participaciones en dos sociedades. Para impedir que las participaciones circulen mientras se tramita el proceso, pide al Conservador del registro mercantil que inscriba las demandas judiciales, invocando los efectos que los artt. 2652 y 2690 del Código Civil vinculan a la inscripción de las demandas relativas a los bienes inmuebles y a los bienes muebles registrados.
El Conservador se niega. En el procedimiento ante el juez del registro, promovido con arreglo al art. 2189 del Código Civil, el Tribunal de Venecia, mediante auto del 20 de mayo de 2025, remite la cuestión a la Casación mediante la remisión prejudicial del art. 363-bis del Código de Procedimiento Civil: si las demandas judiciales, en particular las que tienen por objeto participaciones de sociedades, pueden inscribirse en el registro mercantil.
La decisión
Las Secciones Unidas consideran ante todo admisible la remisión, aunque se haya planteado en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, citando sus propios precedentes (Cass., Sez. U., n. 11399 de 2024). En cuanto al fondo, excluyen la inscripción. El registro mercantil se rige por el principio de tipicidad legal: el nivel de exhaustividad de la información que debe publicarse «debe establecerlo exclusivamente el legislador», y el intérprete no puede completarlo.
Las normas sobre la inscripción de las demandas judiciales son excepcionales y de aplicación estricta; cuando el legislador ha querido dar publicidad en el registro a una demanda judicial, lo ha dicho expresamente, como en el caso de la demanda de arbitraje societario, prevista por el art. 35 del d.lgs. n. 5 de 2003 y hoy incorporada al art. 838-ter del Código de Procedimiento Civil. La demanda, añade el Tribunal, no es un acto preparatorio de la transmisión, como la prenda, el embargo o el secuestro, porque contiene afirmaciones unilaterales sobre cuyo fundamento decidirá un juez; tampoco cabe una aplicación extensiva del art. 2470 del Código Civil, que regula el conflicto entre varios adquirentes de un mismo transmitente. Amplios márgenes de incertidumbre, concluye, serían contrarios a las exigencias que el registro pretende proteger.
El comentario
La sentencia es rigurosa y coherente con el sistema. La publicidad mercantil sirve para dar a los terceros información cierta; permitir inscribir una demanda sobre la base de las meras afirmaciones de quien la presenta haría el registro menos fiable y podría bloquear la circulación de las participaciones incluso en virtud de pretensiones infundadas.
Pero el rigor tiene un coste, que conviene ver sin rodeos. El legitimario que actúa para recuperar aquello de lo que se le ha privado, o quien reclama una participación que considera suya, no dispone, para las participaciones sociales, del instrumento que la ley le ofrece para una casa o un automóvil: la inscripción de la demanda, que hace la futura sentencia oponible a quien adquiera entretanto. Mientras se tramita un proceso que puede durar años, las participaciones pueden cederse a terceros de buena fe, y la sentencia favorable corre el riesgo de llegar cuando ya no queda nada que recuperar. Es una asimetría que afecta sobre todo a las familias y a las pequeñas empresas, donde el patrimonio está formado por participaciones más que por inmuebles.
El Tribunal no podía colmarla, e hizo bien en decirlo: no corresponde al juez crear formas de publicidad que la ley no prevé. Corresponde al legislador valorar si introducir, para las demandas más relevantes, una publicidad con efectos definidos, equilibrando la protección de quien actúa con la seguridad del tráfico jurídico. Mientras tanto, la protección efectiva de los derechos pasa por la rapidez de la acción y por los instrumentos cautelares, porque un derecho reconocido demasiado tarde es, para su titular, un derecho denegado.
Qué cambia en la práctica
Quien pretenda actuar en juicio para obtener participaciones de una sociedad, por ejemplo para hacer valer sus derechos de legitimario o para pedir el cumplimiento de un contrato preliminar, debe saber que no podrá inscribir la demanda en el registro mercantil y que, mientras el proceso esté pendiente, las participaciones pueden transmitirse. Es conveniente acudir de inmediato a un abogado, antes de que la situación patrimonial cambie.
Para el abogado, la sentencia obliga a plantear la estrategia desde el principio. Es preciso valorar, antes de la demanda sobre el fondo o junto con ella, las medidas cautelares que el ordenamiento permite, verificando caso por caso sus presupuestos y formas de publicidad, y considerar los instrumentos que ofrecen los estatutos y los pactos entre socios. Las Secciones Unidas dejaron expresamente fuera de la cuestión planteada el problema distinto de la inscripción de la sentencia estimatoria: también en este punto conviene actuar con prudencia.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 16 de noviembre de 2026
Referencias normativas: artt. 2189, 2470, 2652 y 2690 c.c.; artt. 363-bis y 838-ter c.p.c.; art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
Precedentes citados: Cass., Sez. U., n. 28669 de 2026, n. 11399 de 2024 y n. 7337 de 2024; Cass., sez. I, n. 11688 de 2024.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.