La resolución
Directiva del Ministro del Interior del 3 de noviembre de 2026, que sustituye el art. 3 de la directiva del 19 de mayo de 2022 que establece los criterios para la organización y la gestión de los centros de permanencia para la repatriación. Texto no publicado en la Gazzetta Ufficiale ni en la sección Administración transparente (Amministrazione trasparente) del sitio web del Ministerio, donde se encuentran la directiva de 2022 y la circular que la transmitió (comprobación del 9 de noviembre de 2026); contenido reconstruido a partir de los pasajes recogidos en la prensa del 4 al 6 de noviembre de 2026
“El ineludible deber de introducir una regulación completa que establezca, en abstracto y con carácter general para todas las personas internadas, contenidos y modalidades que delimiten la discrecionalidad de la administración”
Tribunal Constitucional, sentencia n. 96 de 2025, sobre el deber del legislador de regular las modalidades del internamiento; entre las materias indicadas por el Tribunal figura la prestación del servicio sanitario.
Actos administrativos generales en el sitio web del Ministerio del Interior
Qué prevé la directiva
Hasta el 3 de noviembre la regla era clara. El art. 3 de la directiva de 2022 exigía que el extranjero entrara en el centro previo reconocimiento del médico de la empresa sanitaria u hospitalaria, encargado de comprobar la ausencia de patologías evidentes que hicieran incompatibles el ingreso y la permanencia en la estructura: enfermedades infecciosas contagiosas, trastornos psiquiátricos, patologías agudas o crónico-degenerativas que no pueden tratarse en una comunidad cerrada, además de las condiciones de vulnerabilidad enumeradas en el art. 17 del d.lgs. n. 142 de 2015, entre ellas las enfermedades graves y los trastornos mentales. El certificado se incorporaba al expediente de la persona y se sometía al juez de la convalidación y de la prórroga. Era un filtro imperfecto, a menudo reducido a una formalidad, como han documentado a lo largo de los años asociaciones, médicos y autoridades de garantía; pero era un filtro, y tenía un objeto preciso: establecer si esa persona podía ser privada de libertad sin daño para su salud.
La nueva directiva, por lo que se lee en los pasajes publicados, cambia el objeto del reconocimiento. El médico ya no debe decir si la persona es compatible con el internamiento, sino determinar su estado de salud mediante la anamnesis o el examen de los síntomas y la documentación disponible, para identificar las necesidades de asistencia que deben garantizarse a través de la entidad gestora o de la empresa sanitaria. Cuando el reconocimiento no haya sido posible, la persona entra de todos modos en el centro y el reconocimiento debe realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso. La ficha, cumplimentada en un modelo ministerial, se envía en sobre cerrado al médico de la entidad gestora; a la oficina de policía del centro le queda una valoración resumida, que puede transmitirse a la autoridad judicial a petición de esta. El médico de la entidad gestora solo podrá señalar los casos en que las condiciones de salud, por su gravedad, no puedan gestionarse dentro de la estructura. La documentación sanitaria queda excluida del acceso de terceros, con las únicas excepciones de la autoridad judicial, el abogado defensor, las autoridades sanitarias y el organismo de las Naciones Unidas contra la tortura. Al segundo reconocimiento, realizado dentro del centro por el médico de la entidad gestora, se le encomienda también la búsqueda de signos de traumas, de violencias sexuales o de género y de torturas, una vez iniciado ya el internamiento.
El Ministro lo dijo sin rodeos: un eventual dictamen negativo del médico ya no será vinculante para evitar el internamiento. En concreto, la pregunta decisiva, si esta persona puede ser encerrada sin poner en riesgo su salud, ya no se la plantea nadie.
Una directiva que no se puede leer
Antes incluso que el contenido, llama la atención la forma. La directiva fue anunciada por el Ministro y relatada por los periódicos, pero no se encuentra en el sitio web institucional del Ministerio del Interior. En la sección Administración transparente, entre los actos administrativos generales, están publicadas la directiva del 19 de mayo de 2022 y la circular del 15 de junio de 2022 con la que se transmitió a las prefecturas y a las jefaturas de policía. De la modificación del 3 de noviembre de 2026, que reescribe su disposición más delicada, no hay rastro a fecha de 9 de noviembre de 2026.
No nos corresponde atribuir intenciones. Pero la publicación no es una cortesía. El art. 12 del d.lgs. n. 33 de 2013 obliga a las administraciones a publicar en su sitio web las directivas, las circulares y todo acto que disponga con carácter general sobre los procedimientos o dicte disposiciones para la aplicación de las normas, y la directiva sobre los reconocimientos de aptitud es exactamente eso. Cualquiera puede pedir su publicación mediante el acceso cívico previsto en el art. 5, comma 1, del mismo decreto, sin tener que motivar la solicitud. El precedente de 2022 demuestra que el Ministerio sabe cómo hacerlo.
El silencio tiene consecuencias jurídicas precisas. El art. 5 del Convenio Europeo exige que la privación de libertad tenga una base legal accesible y previsible, y precisamente por la falta de una base legal clara Italia fue condenada por la Gran Sala en el caso Khlaifia y otros c. Italia (2016). Una regla sobre las condiciones de la detención que las personas internadas, sus abogados y los jueces solo pueden conocer a través de los adelantos de la prensa no es ni accesible ni previsible. Y una garantía de salud que puede cambiarse sin publicar siquiera el nuevo texto muestra mejor que cualquier argumento por qué la Constitución quiere que las modalidades de la privación de libertad estén establecidas por la ley.
Una directiva no puede derogar la ley
El primer vicio es el más elemental, y bastaría por sí solo. El art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 142 de 2015 establece que no pueden ser internados en los centros los solicitantes de protección internacional cuyas condiciones de salud o de vulnerabilidad sean incompatibles con el internamiento, e impone, en el marco de los servicios sociosanitarios de los centros, la comprobación periódica de las condiciones de vulnerabilidad. La norma está en vigor: el d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la legge 7 agosto 2026, n. 145, con el que Italia dio aplicación al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, no la ha modificado. Y el art. 13, apartado 1, de la directiva (UE) 2024/1346, que debía transponerse a más tardar el 12 de junio de 2026, establece que el estado de salud, incluida la salud mental, de los solicitantes internados con necesidades de acogida particulares constituye la preocupación principal de las autoridades nacionales, y que esos solicitantes no serán internados cuando el internamiento ponga en grave riesgo su salud física y mental.
Una prohibición de internar a quien es incompatible presupone que alguien, antes, compruebe la compatibilidad. Suprimir la comprobación significa vaciar la prohibición, es decir, inaplicar la ley mediante un acto del Ministro. En la jerarquía de las fuentes, una directiva ministerial es un acto administrativo: puede organizar la aplicación de la ley, no derogarla. Por lo demás, el Tribunal de Casación ya en 2017 anulaba la convalidación de un internamiento supeditada a un examen sanitario que debía realizarse después, afirmando que la comprobación de la compatibilidad es condición ineludible de validez del internamiento y debe preceder a la convalidación (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 de 2017).
También lo sabía el Ministro. En la carta a La Verità del 5 de octubre de 2026, publicada en el sitio web del Viminale, escribía que, además de la directiva, existen obligaciones de valoración que derivan de fuentes primarias, de las leyes, del derecho europeo y de los convenios internacionales, que abolir el reconocimiento previo no podía ni debía abolir la garantía sanitaria, y que el resultado tendría que superar la prueba de los tribunales. Un mes después firmó un texto que suprime precisamente el juicio exigido por esas fuentes primarias.
Para los extranjeros que no han pedido protección, el resultado no cambia. El art. 15 de la directiva 2008/115/CE solo permite el internamiento cuando no bastan medidas menos coercitivas, y el art. 16, apartado 3, impone prestar especial atención a la situación de las personas vulnerables, además de la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades. Un internamiento acordado sin preguntarse si la persona puede soportarlo no supera ningún examen de proporcionalidad. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda desde hace un cuarto de siglo que el Estado, cuando priva a alguien de libertad, responde de su salud y de su bienestar (Kudła c. Polonia, 2000) y que internar a una persona gravemente enferma en condiciones inadecuadas puede constituir un trato inhumano o degradante prohibido por el art. 3 del Convenio (Mouisel c. Francia, 2002).
La reserva de ley eludida, una vez más
El segundo vicio es constitucional, y afecta al método antes incluso que al contenido. El art. 13, párrafo segundo, de la Constitución exige que sea la ley la que establezca los casos y las modalidades en que puede limitarse la libertad personal. Desde 2001, el Tribunal Constitucional afirma que el internamiento del extranjero afecta a la libertad personal (sentencia n. 105 de 2001). Con la sentencia n. 96 de 2025 fue más allá: consideró el art. 14, comma 2, del texto único de inmigración totalmente inadecuado para definir los derechos de las personas internadas, observó que la remisión a reglamentos y actos administrativos elude la función de garantía de la reserva de ley y permite que las modalidades del internamiento se regulen de forma dispar en el territorio, e indicó expresamente entre las materias que deben regularse por ley la prestación del servicio sanitario. Al no poder colmar la laguna por sí solo, recordó al legislador su ineludible deber de intervenir. Con la sentencia n. 40 de 2026 reiteró la naturaleza privativa de libertad de todo internamiento y renovó el llamamiento.
Han pasado dieciséis meses. El Parlamento no ha escrito esa ley. El Gobierno, en lugar de proponerla, ha cambiado mediante una directiva ministerial precisamente la garantía sanitaria, es decir, el núcleo de las modalidades del internamiento que el Tribunal dijo que no podía dejarse en manos de la administración. Es difícil imaginar una confirmación más elocuente del vicio denunciado por el Tribunal Constitucional: un derecho fundamental de las personas privadas de libertad que cambia de un día para otro, por decisión de un ministro, sin una votación de las Cámaras y sin un texto publicado. No es casualidad que el Tribunal censurara precisamente el art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 de 1999, que remite las modalidades de los servicios de atención y asistencia en los centros a las disposiciones de los prefectos y a las directivas impartidas por el Ministro del Interior: la directiva del 3 de noviembre es hija de esa remisión, es decir, del instrumento que el Tribunal Constitucional consideró inadecuado para satisfacer la reserva de ley. A ello se añade el art. 10, párrafo segundo, de la Constitución, que reserva a la ley, de conformidad con las normas y los tratados internacionales, la condición jurídica del extranjero.
La salud reducida a un problema de logística
El tercer vicio afecta al art. 32 de la Constitución. La salud es un derecho fundamental del individuo, no del ciudadano, y el Tribunal Constitucional ha reconocido también al extranjero en situación irregular un núcleo irreductible de protección (sentencia n. 252 de 2001). La directiva sustituye la compatibilidad clínica por la viabilidad organizativa: ya no importa si la persona puede permanecer encerrada sin sufrir daño, importa si el centro consigue administrarle la terapia. Un hombre con un trastorno psiquiátrico grave puede recibir los fármacos incluso detrás de una reja; lo que la directiva ya no quiere saber es si esa reja agrava su enfermedad.
Además, el juicio pasa a quien no tiene la independencia para emitirlo. El médico de la entidad gestora trabaja para el sujeto privado que ganó el contrato de gestión del centro, y hoy es el único que puede señalar el caso no gestionable. Es la situación que la deontología médica llama doble lealtad, y que debería sugerir más garantías, no menos.
Hay, por último, un argumento de razonabilidad, que pone en juego el art. 3 de la Constitución. El Código de Procedimiento Penal prohíbe la prisión provisional del imputado que padece una enfermedad especialmente grave, cuando sus condiciones de salud resultan incompatibles con el estado de detención (art. 275, comma 4-bis, c.p.p.). El Tribunal Constitucional, en la sentencia n. 96 de 2025, recordó que la detención en los centros sigue siendo ajena a toda connotación sancionadora. De ello se sigue que el extranjero internado, que no está acusado de ningún delito, acaba teniendo sobre su propia salud garantías inferiores a las del imputado en prisión provisional. Es una jerarquía invertida, y no tiene ninguna justificación constitucional.
Aún más grave es la suerte de las víctimas de tortura y de violencia. El art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 142 de 2015 las incluye entre las personas vulnerables, y para los solicitantes de asilo la vulnerabilidad incompatible con el internamiento impide su ingreso en el centro. La directiva traslada la búsqueda de esos signos a después del ingreso, encomendándola al médico de la entidad gestora y a una documentación fotográfica de las lesiones. Pero la tortura y la trata a menudo no dejan cicatrices visibles: dejan trastornos postraumáticos, disociación, sufrimiento psíquico, que solo se reconocen con tiempo, competencias especializadas y mediación lingüística, como exigen el Protocolo de Estambul y las directrices del Ministerio de Sanidad de 2017. Quien no lleva en el cuerpo signos fotografiables corre el riesgo de ser considerado sano y, por tanto, encerrado.
Queda la cuestión de las primeras veinticuatro horas. Si la persona entra en el centro sin reconocimiento, ¿quién responde de lo que ocurra en ese tiempo, cuando nadie sabe si es diabética, cardiópata, si sufre síndrome de abstinencia o está en plena crisis psicótica? El texto, en los pasajes dados a conocer, no lo dice.
El juez sin los documentos
El internamiento debe ser convalidado por el juez en plazos brevísimos, como exige el art. 13, párrafo tercero, de la Constitución. Antes, el certificado de aptitud estaba en el expediente y se sometía al juez. Ahora la ficha completa va en sobre cerrado al médico de la entidad gestora, mientras que la valoración resumida queda en la oficina de policía y solo llega al juez si este la pide. Un control que depende de la petición de un documento cuya existencia el juez podría ignorar no es un control efectivo, y el derecho de defensa del art. 24, junto con las garantías del proceso justo del art. 111, queda reducido a poco si el abogado tiene que ir en busca de los documentos en el plazo de cuarenta y ocho horas. Ya hoy la protección era frágil. En 2024 la Casación, aun recordando que el art. 3, comma 7, de la directiva de 2022 exigía el certificado en el expediente que debía someterse al juez de la convalidación, excluyó que su mera falta hiciera nula la resolución cuando la persona internada no alega nada sobre su salud, precisando sin embargo que, si se alega una causa sanitaria específica, surge la obligación del juez de recabar la documentación y valorarla (Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 de 2024). La nueva directiva elimina también esa regla de 2022 y convierte la petición del juez en el único canal a través del cual la información sanitaria llega a la vista.
Además, el secreto, presentado como protección de la confidencialidad sanitaria, corre el riesgo de convertirse en opacidad frente a quienes tienen la función institucional de vigilar los lugares de privación de libertad. La lista de excepciones no menciona a las autoridades de garantía territoriales ni a los parlamentarios, y en todo caso una directiva no puede restringir facultades de acceso y de control que tienen fundamento en la ley.
Los jueces pedían más comprobaciones, no menos
La directiva llega cuando la jurisprudencia iba en la dirección contraria. El Tribunal de Apelación de Roma, con el decreto del 12 de noviembre de 2025 (R.G. n. 5967/2025), denegó la convalidación del internamiento de un solicitante de asilo que tomaba un antipsicótico y era dependiente de sustancias, observando que el certificado de aptitud no había tenido en cuenta esas patologías, que no se habían realizado los reconocimientos especializados pese a los avisos del abogado a la entidad gestora y a la empresa sanitaria, y que faltaba por tanto un certificado de compatibilidad adecuado. El mismo Tribunal añadió que, tras la sentencia n. 96 de 2025, la ausencia de una regulación legal de las modalidades del internamiento incide en concreto sobre el derecho a la salud y hace ilegítimo el internamiento ya en la fase de convalidación.
Incluso una resolución favorable a la administración confirma este punto. Con la sentencia n. 1064 de 2026, la Sección Primera Penal de la Casación anuló sin reenvío una denegación de convalidación, porque el Tribunal de Apelación había considerado frágil a la persona sin tener en cuenta el informe del reconocimiento de aptitud, que excluía patologías incompatibles con la comunidad cerrada, y pidió que la valoración sobre la salud de la persona internada se base en parámetros clínicos consolidados y en una base de conocimiento adecuada. Esa base era el juicio de compatibilidad. Al suprimirlo, la directiva priva al juez de la única comprobación clínica sobre la que puede motivar, en un sentido o en otro, y hace más incierto el control para todos, también para el Estado.
Lo mismo vale para el Consejo de Estado. En la sentencia n. 7839 de 2025 precisó que los gestores de los centros deben respetar la directiva de 2022 aunque el pliego de condiciones no la mencione, y pidió que el pliego se ajustara mejor precisamente al art. 3, comma 4, es decir, a la nueva valoración de la empresa sanitaria cuando surjan elementos de incompatibilidad. Con la decisión del 8 de julio de 2026, en sede de ejecución de sentencia (ottemperanza), constató que el Ministerio se había limitado a adaptar formalmente el pliego a la directiva, sin ninguna instrucción real sobre la asistencia sanitaria y psicológica y sobre la prevención de los suicidios, y le ordenó un examen de la situación a más tardar en enero de 2027. Modificar hoy la disposición sobre la que se construyó esa cosa juzgada, antes de haber realizado el examen, expone la directiva también a la censura de elusión de la cosa juzgada, que el art. 21-septies de la ley n. 241 de 1990 sanciona con la nulidad.
Las razones declaradas no se sostienen
El Ministro explicó que quería evitar que valoraciones dictadas por prejuicios ideológicos obstaculizaran las repatriaciones, y la directiva llega después de la investigación de la Fiscalía de Rávena sobre médicos acusados de haber expedido certificados falsos. Pero se trata de acusaciones, amparadas por la presunción de inocencia del art. 27 de la Constitución, y la Casación, el pasado 13 de octubre, anuló la suspensión de la actividad acordada respecto de algunas de las investigadas. Si un certificado es falso, el Código Penal lo castiga; no se suprime para todos una garantía de salud porque alguien es sospechoso de haber abusado de ella. Lo mismo vale para los casos de negativa al reconocimiento: se podía regular la negativa, no abolir el juicio de compatibilidad.
Tampoco convence el argumento de la separación entre acto médico y decisión administrativa. Separar está bien, siempre que alguien, y en última instancia el juez, decida sobre la compatibilidad sobre la base de una comprobación clínica. La directiva no traslada el juicio: lo elimina.
Queda, por último, una contradicción que el Ministerio tendrá que explicar: el Consejo de Estado le ordenó verificar, con el Ministerio de Sanidad y la Autoridad Nacional de Garantía (Garante nazionale), cómo se atiende hoy a las personas internadas, y antes incluso de hacerlo el Ministerio rebaja las garantías.
Qué cambia en la práctica
Para quien corre el riesgo de ser internado, y para las familias, lo primero que hay que saber es que la ley no ha cambiado. La prohibición de internar a quien tiene condiciones de salud incompatibles sigue escrita en el art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 142 de 2015, y el principio de proporcionalidad vale para todos. Es importante llevar consigo, o hacer llegar al abogado, todo documento sanitario disponible: diagnósticos, terapias, certificados de especialistas, informes de urgencias.
El juez de la convalidación está sometido a la ley, no a las directivas del Ministro, y aplica los actos administrativos solo en la medida en que sean conformes a las leyes, como exige el art. 5 de la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Le corresponde verificar la compatibilidad de la salud con el internamiento, si es necesario acordando pruebas, e inaplicar la directiva en la parte en que la excluye.
La función del abogado, en estas vistas, resulta aún más decisiva. A la luz de la jurisprudencia de casación, es preciso alegar siempre, de forma específica, las condiciones de salud del cliente, con la documentación disponible, porque es la alegación específica la que hace surgir la obligación del juez de recabar los documentos sanitarios y valorarlos; señalar de inmediato por escrito a la entidad gestora y a la empresa sanitaria las patologías conocidas, pidiendo reconocimientos especializados; pedir que se recaben la ficha sanitaria completa y la valoración resumida; alegar la falta de un juicio de compatibilidad y el ingreso en el centro sin reconocimiento, y pedir el cese del internamiento cuando la comprobación falta o es aparente, como hizo el Tribunal de Apelación de Roma. Ante el juez de la convalidación puede plantearse de nuevo la cuestión de constitucionalidad del art. 14 del texto único de inmigración, en la parte en que no regula por ley las modalidades del internamiento y la protección de la salud: una advertencia del Tribunal Constitucional desatendida no cierra la partida, a menudo es su premisa. Cualquiera puede pedir al Ministerio, mediante el acceso cívico del art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 de 2013, que publique la directiva. Las entidades representativas de intereses colectivos pueden impugnarla ante el juez administrativo, como ya ha ocurrido con éxito con los actos ministeriales sobre los centros, y hacer valer en el proceso de ejecución de sentencia la contradicción con lo ordenado por el Consejo de Estado; y siguen disponibles, para las lesiones sufridas durante el internamiento, la tutela cautelar del art. 700 c.p.c. y la acción de resarcimiento, que el Tribunal Constitucional ha definido como instrumento mínimo de la jurisdicción constitucionalmente necesaria.
Un Estado de derecho no mide la salud de una persona por su utilidad a efectos de la repatriación. La persona va antes que el procedimiento, y los derechos fundamentales no se suspenden en la puerta de un centro de permanencia: deben protegerse siempre y para todos, con mayor razón para quien está privado de libertad sin haber cometido ningún delito.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 9 de noviembre de 2026
Referencias normativas: artt. 3, 10, párrafo segundo, 13, 24, 27, 32, 111 y 117, párrafo primero, Cost.; art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 21, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; artt. 7, comma 5, y 17, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142; d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertido por la l. 7 agosto 2026, n. 145; artt. 5, comma 1, y 12 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 275, comma 4-bis, c.p.p.; art. 700 c.p.c.; art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; artt. 15 y 16 directiva 2008/115/CE; art. 13 directiva (UE) 2024/1346; artt. 3 y 5 CEDH; art. 3 directiva del Ministro del Interior de 19 de mayo de 2022; directiva del Ministro del Interior de 3 de noviembre de 2026.
Precedentes citados: Corte cost., sentt. n. 105 de 2001, n. 252 de 2001, n. 96 de 2025 y n. 40 de 2026; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15106 de 2017; Cass. civ., sez. I, ord. n. 13180 del 14 de mayo de 2024; Cass. pen., sez. I, sent. n. 1064 del 12 de enero de 2026; Cons. Stato, sez. III, 7 de octubre de 2025, n. 7839; Cons. Stato, decisión del 8 de julio de 2026 en sede de ejecución de sentencia (ottemperanza); Tribunal de Apelación de Roma, sección de persona, familia, menores y protección internacional, decreto del 12 de noviembre de 2025, R.G. n. 5967/2025; TEDH, Gran Sala, 26 de octubre de 2000, Kudła c. Polonia, demanda n. 30210/96; TEDH, 14 de noviembre de 2002, Mouisel c. Francia, demanda n. 67263/01; TEDH, Gran Sala, 15 de diciembre de 2016, Khlaifia y otros c. Italia, demanda n. 16483/12.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.