La norma
Decreto legislativo de aplicación de la Directiva (UE) 2024/2831, aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros n. 195 de 28 de octubre de 2026, pendiente de publicación en la Gazzetta Ufficiale. Proyecto: Acto del Gobierno n. 433
“atribuir un papel central a la persona”
Ministerio de Trabajo, comunicado de 24 de julio de 2026 sobre el examen preliminar. Los artículos citados en este comentario son los del proyecto A.G. n. 433 y deben cotejarse con el texto definitivo.
La norma
La Directiva (UE) 2024/2831, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales, debe transponerse a más tardar el 2 de diciembre de 2026. El Gobierno aprobó el proyecto en examen preliminar el 23 de julio, obtuvo los dictámenes de las Comisiones parlamentarias y del Garante para la protección de datos personales, y el 28 de octubre dio la luz verde definitiva. El texto final aún no se ha publicado.
Según el proyecto, la normativa se refiere a todas las plataformas que organizan trabajo en el territorio nacional, dondequiera que tengan su sede, y no a quien se limita a proporcionar los medios para llegar al usuario final sin organizar el trabajo. El art. 5 extiende al trabajo mediante plataformas la presunción legal de subordinación hoy prevista para los rider: es una presunción relativa, que se activa cuando surgen hechos indicativos de poderes de dirección y control, también ejercidos con sistemas automatizados. Para las relaciones en curso a 2 de diciembre de 2026, la presunción opera solo para el periodo posterior.
El art. 9 impone la supervisión humana de los sistemas automatizados y declara nulo todo acto no adoptado por un ser humano que limite, suspenda o extinga la relación, o cierre la cuenta del trabajador. El art. 10 reconoce el derecho a una explicación escrita y a la revisión por parte de una persona. Además, según la síntesis del Gobierno, se prohíben los tratamientos de datos sobre el estado emocional o psicológico y sobre las conversaciones privadas.
El comentario
Durante años, el trabajo a través de aplicaciones ha prosperado en una zona de sombra: formalmente autónomo, de hecho dirigido por un programa que asigna, mide, castiga y, con el cierre de una cuenta, despide sin decirlo. El decreto devuelve a esta realidad su nombre jurídico. Quien organiza el trabajo y controla sus tiempos ejerce un poder, aunque lo haga por medio de un algoritmo, y de ese poder debe responder.
La regla más importante es quizá la más sencilla: una decisión que quita el trabajo a una persona debe tomarla otra persona, que responda de ella y la explique. Es un principio que va más allá de las plataformas y habla del tiempo que viene. La dignidad del trabajo, a la que se refieren los arts. 35 y 36 de la Constitución, no tolera que el destino de alguien dependa de una puntuación cuyos criterios ignora.
La prueba decisiva será la efectividad. Estos trabajadores suelen ser los más débiles del mercado, y quien es extranjero puede temer perder, junto con los ingresos, también el permiso de residencia. Una presunción solo sirve si alguien la hace valer. Harán falta inspecciones reales, sindicatos presentes e información comprensible en varios idiomas. Deben seguirse además dos puntos críticos señalados por el dossier parlamentario sobre el proyecto: el límite temporal de la presunción para las relaciones en curso y los plazos de respuesta a la solicitud de revisión, para comprobar su coherencia con la directiva.
Qué cambia en la práctica
Quien trabaja a través de una aplicación, como repartidor, conductor, encargado de servicios o en cualquier otra actividad organizada por una plataforma, haría bien en conservar desde ahora lo que documenta la relación: turnos, mensajes, instrucciones recibidas, valoraciones, retribuciones. Si la cuenta se suspende o se cierra, debe pedirse por escrito la explicación de la decisión. Antes de renunciar a un derecho o de aceptar un cierre, es prudente pedir consejo a un abogado o a un sindicato.
El abogado deberá esperar al texto en la Gazzetta para comprobar numeración y contenidos, y en particular la coordinación con el art. 12 del d.l. (decreto-ley) n. 62 de 2026, convertido por la ley n. 112 de 2026, sobre los rider. Desde ahora conviene organizar la recogida de los indicios de hecho de dirección y control en los que se basa la presunción, y valorar, en las relaciones en curso, la distinción entre el periodo anterior y el posterior al 2 de diciembre de 2026, cuando la nueva normativa pase a ser operativa.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 2 de noviembre de 2026
Referencias normativas: arts. 35 y 36 Cost.; Directiva (UE) 2024/2831; art. 11 ley de 13 de junio de 2025, n. 91; art. 12 d.l. n. 62 de 2026, convertido por la ley n. 112 de 2026; arts. 2, 3, 5, 9 y 10 del proyecto de decreto legislativo, A.G. n. 433.
Precedentes citados: ninguno. El comentario se basa en el comunicado del Consejo de Ministros n. 195 y en el dossier parlamentario.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.