La resolución
Tribunal de Casación, Sección I Civil, auto n. 15667 de 2023, deliberación en cámara de consejo del 5 de abril de 2023, publicado el 5 de junio de 2023, R.G. n. 9720/2022. Presidenta ACIERNO, ponente AMATORE
“La carga de alegación se concentra en la situación de arraigo e integración alcanzada en nuestro país”
El pasaje se refiere al art. 19, comma 1.1, del texto único de inmigración en la redacción introducida por el d.l. n. 130 de 2020, aplicable al caso. Del fondo de autos estimatorios del despacho: recurso en el que actuó como defensa el Avv. Giuseppe MARIANI.
El caso
Un nacional de un país del sur de Asia, perteneciente a una minoría religiosa, solicita protección internacional relatando agresiones y amenazas sufridas en su país. La Comisión territorial desestima la solicitud. El Tribunal de Potenza, mediante decreto del 28 de febrero de 2022, confirma la denegación: considera el relato no creíble, excluye un conflicto armado generalizado y deniega también la protección complementaria, observando que el solicitante había aportado «solo documentación laboral» de la que resultaba que trabajaba de forma estable, y que la integración, por sí sola, no bastaba.
Con el recurso de casación en el que actuó como defensa el Avv. Giuseppe MARIANI se denuncian la motivación aparente del decreto, la falta de examen de la situación del país y, sobre todo, el error sobre la protección complementaria.
La decisión
La Sección Primera desestima los dos primeros motivos, pero estima el tercero. Reconstruye el art. 19, comma 1.1, del texto único en la redacción del d.l. n. 130 de 2020, aplicable a la solicitud, y recuerda que la protección complementaria, como la humanitaria a la que sustituye, es un derecho fundamental de la persona, que contribuye a hacer efectivo el derecho de asilo constitucional. La segunda parte de la norma atribuía «relevancia directa» a la integración social y familiar en Italia, que debía valorarse teniendo en cuenta los vínculos familiares, la inserción social, la duración de la estancia y los vínculos con el país de origen.
Estos últimos, precisa el Tribunal, son un elemento de valoración, no un hecho constitutivo del derecho: el solicitante no tiene que demostrar haber roto todo vínculo con su país; la carga de alegación se concentra en el arraigo alcanzado en Italia, mientras que la situación en el país de origen es objeto de las facultades de instrucción del juez. El Tribunal no había valorado adecuadamente la inserción sociolaboral del recurrente. El decreto se casa con reenvío al Tribunal de Potenza, con distinta composición.
El comentario
Un hombre llega a Italia, pide protección, encuentra un trabajo y lo conserva. Para el juez de instancia, esas nóminas no eran un argumento, eran casi un indicio en contra. La Casación invirtió la perspectiva: el trabajo estable es la forma más concreta del arraigo, y alejar a quien lo ha construido significa golpear su vida privada, es decir, un derecho fundamental. La persona va antes que la categoría jurídica en la que se la quisiera encasillar.
Hay además una lección de método, que sigue siendo valiosa. Exigir a quien pide protección la prueba negativa de no tener ya vínculos en su país significa pedir lo imposible. El Tribunal distingue con claridad lo que corresponde al solicitante, relatar y documentar la vida construida aquí, de lo que corresponde al juez, comprobar la situación del país de origen con sus propias facultades de instrucción. Es la misma idea de cooperación en la instrucción que sostiene todo el derecho de la protección internacional.
Sin embargo, el marco normativo cambió después de la resolución. El d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertido por la legge 5 maggio 2023, n. 50, en vigor desde el 11 de marzo de 2023, suprimió los incisos tercero y cuarto del art. 19, comma 1.1, es decir, precisamente la parte sobre la vida privada y familiar y sobre los criterios de integración; para las solicitudes presentadas hasta esa fecha, o cuando el extranjero ya había recibido de la Jefatura de Policía la invitación a presentarla, sigue aplicándose la regulación anterior. Sigue en vigor la referencia a las obligaciones constitucionales e internacionales del art. 5, comma 6, y la Casación ha extraído la consecuencia: tampoco en el nuevo régimen se admiten la denegación de entrada ni la expulsión en violación de esas obligaciones, porque la vida privada y familiar es objeto de un derecho subjetivo protegido por el art. 8 del Convenio Europeo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 26522 de 2026, que cita Cass. n. 29593 de 2025). La protección del arraigo, por tanto, no ha desaparecido: ha cambiado su fundamento.
Qué cambia en la práctica
Quien vive y trabaja en Italia desde hace tiempo, y corre el riesgo de perder el permiso o de ser alejado, debe saber que su arraigo sigue contando: contratos de trabajo, nóminas, cotizaciones, vivienda, cursos de idioma, vínculos familiares y afectivos son pruebas de una vida que la ley protege. Conviene reunirlos con cuidado y entregarlos a tiempo al abogado. Las solicitudes presentadas antes del 11 de marzo de 2023 siguen rigiéndose por la regulación de 2020.
La función del abogado defensor es ante todo de encuadre: es preciso verificar la fecha de la solicitud para determinar el régimen aplicable y, en el régimen posterior a 2023, fundar la solicitud en el art. 5, comma 6, y en el art. 8 del Convenio Europeo, documentando un arraigo suficientemente fuerte. La resolución de 2023 conserva su valor en la parte relativa al reparto de las cargas: al solicitante le corresponde alegar la integración alcanzada, no probar haber roto los vínculos con el país de origen, mientras que el juez debe activar sus propias facultades de instrucción.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 9 de noviembre de 2026
Referencias normativas: artt. 2, 10, párrafo tercero, y 117, párrafo primero, Cost.; art. 8 CEDH; artt. 5, comma 6, y 19, commi 1.1 y 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertido por la l. 18 dicembre 2020, n. 173; art. 7, commi 1, lett. c), y 2, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertido por la l. 5 maggio 2023, n. 50; art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
Precedentes citados: Cass. civ., sez. I, ord. n. 15667 de 2023; Cass., Sez. U., n. 24413 de 2021; Cass. n. 18455 de 2022 y n. 36789 de 2022; Cass. civ., sez. I, ord. n. 26522 de 2026; Cass. n. 29593 de 2025.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.