La norma
Legge 29 ottobre 2026, n. 201, «Modificación del código previsto en el decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, en materia de publicidad de las sentencias de absolución o sobreseimiento», publicada en la Gazzetta Ufficiale, serie general, n. 261 del 9 de noviembre de 2026, en vigor desde el 24 de noviembre de 2026
“Con una relevancia adecuada al espacio ya dedicado al correspondiente procedimiento penal”
Art. 144-ter, comma 1, del código en materia de protección de datos personales, introducido por el art. 1 de la ley: es la medida de la publicidad debida a la noticia de la resolución favorable.
La norma
La legge 29 ottobre 2026, n. 201, compuesta por dos artículos, introduce en el código en materia de protección de datos personales, después del art. 144-bis, un nuevo art. 144-ter. A petición de la persona respecto de la cual se haya dictado sentencia de absolución, de sobreseimiento o de no ha lugar a proceder, o bien resolución de archivo, el director o el responsable del medio periodístico, radiofónico, televisivo o digital que haya informado sobre el procedimiento penal, o sobre actos y resoluciones relacionados con él, está obligado a publicar, sin coste para el interesado, la noticia de las resoluciones favorables, «con una relevancia adecuada al espacio ya dedicado al correspondiente procedimiento penal».
Si el director o el responsable no cumple, el interesado puede presentar una denuncia ante el Garante para la protección de datos personales, que resuelve en los cinco días siguientes y puede ordenar la publicación de la noticia. El art. 2 contiene la cláusula de neutralidad financiera: el Garante actúa con los recursos de que ya dispone.
La ley nace de una proposición de iniciativa parlamentaria presentada en la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2022 (A.C. 632), aprobada por la Cámara el 28 de mayo de 2026 y, de forma definitiva, por el Senado el 28 de octubre de 2026 (A.S. 1919). Se publicó en la Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 de noviembre de 2026 y entra en vigor el 24 de noviembre de 2026.
El comentario
Cualquiera que haya asistido a una persona acusada y después absuelta conoce la desproporción. La inscripción en el registro de investigados, el registro domiciliario, el auto de apertura de juicio acaban en los periódicos, a menudo con el nombre y la fotografía; la sentencia que, años después, declara que el hecho no existe o que el acusado no lo cometió ocupa, en el mejor de los casos, unas pocas líneas. Mientras tanto, la reputación queda comprometida, el trabajo a veces perdido, y la red conserva durante mucho tiempo la primera versión de los hechos. La Constitución, en su art. 27, párrafo segundo, establece que «el acusado no se considera culpable hasta la condena firme»: pero la presunción de inocencia no vive solo en las salas de justicia, vive también en el relato público del proceso.
La ley n. 201 de 2026 da un paso en la dirección correcta, y lo da con mesura. No limita la crónica judicial, que sigue siendo una garantía de control democrático sobre el ejercicio del poder punitivo; no impone rectificaciones de hechos verdaderos ni sanciones a los periodistas. Pide únicamente que el mismo medio que dio cuenta de la acusación dé cuenta también de su resultado, cuando es favorable, y con una relevancia proporcionada. Es un principio de lealtad hacia los lectores, antes incluso que hacia el interesado: una información completa es una información más libre.
Quedan algunas cuestiones que la aplicación deberá resolver. La ley no fija un plazo para la petición ni para la publicación, y no dice cómo medir la «relevancia adecuada», sobre todo para las noticias difundidas en la red y replicadas varias veces. Encomienda al Garante una decisión en cinco días, pero sin nuevos recursos. Y se refiere solo a la noticia de la resolución favorable, no a la actualización o la retirada de los artículos ya publicados, que siguen confiadas a los instrumentos ordinarios de la protección de datos personales. Será importante que el Garante y los jueces le den una interpretación coherente con su finalidad: devolver a la persona, de la forma más plena posible, la reputación que el proceso le había quitado.
Una ley como esta vale para todos, para el ciudadano desconocido como para quien ocupa cargos públicos, para el italiano como para el extranjero, que a menudo sufre más que otros el peso de una acusación que después decae. Es un signo de civilización jurídica que el legislador haya optado, por una vez, por reforzar una garantía en lugar de restringirla.
Qué cambia en la práctica
A partir del 24 de noviembre de 2026, quien haya sido absuelto, sobreseído, haya obtenido una sentencia de no ha lugar a proceder o el archivo puede pedir al medio que había informado sobre el procedimiento que publique la noticia de la decisión favorable, sin coste alguno. Conviene hacerlo por escrito, por un medio que acredite la recepción, adjuntando copia de la resolución e indicando los artículos o reportajes que habían informado sobre el procedimiento. Si el medio no lo hace, o publica la noticia con una relevancia inadecuada, se puede presentar una denuncia ante el Garante, que debe resolver en un plazo de cinco días.
El abogado que defendió a la persona en el proceso es el primero que puede ayudarla también en esta fase, que es la continuación natural del proceso. Le corresponde reunir la documentación de la cobertura periodística, preparar la petición al director y, si es necesario, la denuncia ante el Garante, valorando junto con el cliente si conviene añadir los demás remedios de protección de la reputación y de los datos personales. La ley no contiene un régimen transitorio: si la petición puede referirse también a resoluciones dictadas antes del 24 de noviembre de 2026 es una cuestión que debe valorarse caso por caso.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 16 de noviembre de 2026
Referencias normativas: art. 27, párrafo segundo, Cost.; artt. 144-bis y 144-ter d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; artt. 1 y 2 l. 29 ottobre 2026, n. 201.
Precedentes citados: ninguno. Trabajos preparatorios: A.C. 632 y A.S. 1919, tal como se indican en la Gazzetta Ufficiale.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.