La resolución
Tribunal de Casación (Corte di cassazione), Secciones Unidas civiles, sentencia n. 28087 de 2026, audiencia pública de 20 de octubre de 2026, publicada el 29 de octubre de 2026, R.G. nn. 19310/2026 y 19491/2026. Presidente D'ASCOLA, ponente VELLA
“El decreto con el que el Tribunal de Apelación, en vía de reclamación, estima con efectos irreversibles una solicitud de inhibitoria colectiva interpuesta con arreglo al art. 840-sexiesdecies c.p.c. puede impugnarse mediante recurso extraordinario de casación con arreglo al art. 111, párrafo 7, Cost., por tratarse de una resolución decisoria sobre derechos, no sujeta a reclamación y modificable o revocable únicamente por hechos sobrevenidos”
Principio de derecho enunciado por las Secciones Unidas.
El caso
En julio de 2021, un grupo de ciudadanos de Tarento acude a la Sección especializada en materia de empresa del Tribunal de Milán con la acción inhibitoria colectiva del art. 840-sexiesdecies c.p.c. (Código de Procedimiento Civil italiano), solicitando que se detenga una actividad considerada peligrosa para la salud. El Tribunal consulta al Tribunal de Justicia, que el 25 de junio de 2024, en el asunto C-626/22, responde en Gran Sala: la contaminación comprende los daños a la salud humana, la valoración de esos daños forma parte integrante de la autorización y, ante peligros graves y significativos, la actividad debe suspenderse.
El 26 de febrero de 2026, el Tribunal declara la peligrosidad de la planta y ordena la suspensión del área en caliente. El 27 de julio de 2026, el Tribunal de Apelación (Corte d'appello) de Milán, en vía de reclamación, inaplica íntegramente la autorización integrada ambiental de 2025 y ordena la suspensión en el plazo de noventa días, subordinando la reanudación a la retirada del amianto y a la reducción de las partículas finas dentro de límites de seguridad. Las sociedades interponen recurso de casación. Mientras tanto, el art. 4 del d.l. (decreto-ley) de 16 de octubre de 2026, n. 185, autoriza el mantenimiento en caliente de las instalaciones hasta la publicación de la motivación, y en todo caso no más allá del 15 de diciembre de 2026.
La decisión
Las Secciones Unidas resuelven ante todo una cuestión procesal nueva: el decreto que, en reclamación, estima la inhibitoria con efectos irreversibles puede impugnarse mediante recurso extraordinario, según el principio reproducido en el recuadro. La acción, añade el Tribunal, puede interponerse también contra empresas en administración extraordinaria. La jurisdicción corresponde al juez ordinario, porque la demanda no pretende anular la autorización, que solo se tiene en cuenta incidentalmente, sino inhibir una conducta lesiva de la salud de la colectividad.
El punto de mayor alcance se encuentra en la premisa general. El derecho al trabajo es «indiscutiblemente de valor primario» en una República que se funda en él; y, sin embargo, «derecho a la vida y a la salud (además de al medio ambiente sano) y derecho al trabajo no pueden contraponerse», porque lo que debe promoverse es «un derecho al trabajo salubre y seguro». El término que se mide con la salud es, en todo caso, la libertad de empresa, que el art. 41 de la Constitución, modificado en 2022, prohíbe ejercer en perjuicio de la salud y del medio ambiente. Las Secciones Unidas desestiman el recurso principal y el incidental y compensan las costas. Los motivos sobre el amianto son en parte infundados y en parte inadmisibles; los relativos a las partículas finas son inadmisibles por falta de interés, porque cada una de las dos razones de la decisión basta por sí sola para sostener la inhibitoria. La constatación de los peligros graves se basa en el resultado de la instrucción y se inspira en el principio de precaución, sin vulnerar el principio de proporcionalidad, habida cuenta de la duración del asunto y de la naturaleza primaria del derecho tutelado.
El comentario
Esta sentencia debe recordarse por una frase sencilla, que corrige una costumbre del debate público. Desde hace años, en Tarento y en otros lugares, se pide a las personas que elijan entre el pan y el aire. Las Secciones Unidas rechazan la alternativa: el trabajo que la Constitución tutela no es cualquier trabajo, sino el que no enferma a quien lo realiza ni a quien vive alrededor de la fábrica. El conflicto no se da entre dos derechos de las personas, sino entre los derechos de las personas y un modo de hacer empresa.
El Tribunal se inserta en un recorrido que el Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) había marcado con las sentencias n. 85 de 2013, n. 58 de 2018 y n. 105 de 2024, esta última invocada para excluir que la continuación de una actividad peligrosa pueda obtenerse con «una simple reducción del nivel de tutela» de los bienes en juego. Además, afirma un dato de civilización jurídica: una autorización administrativa no es un escudo contra el juez de los derechos. El ciudadano que teme por su salud no debe esperar a que la administración cambie de idea, ni a que el daño se produzca.
Esto no significa que los trabajadores deban soportar por sí solos el precio de la suspensión. Muchas familias viven de esa fábrica, y una tutela de los derechos que valga para todos obliga al Estado a acompañar el saneamiento con medidas concretas para quienes corren el riesgo de perder su puesto de trabajo, sin usarlas como argumento para aplazar una vez más. La resolución sigue siendo modificable por hechos sobrevenidos: el camino para reabrir es hacer seguras las instalaciones.
Qué cambia en la práctica
Los ciudadanos, los comités y las asociaciones saben hoy que pueden contar con un instrumento efectivo: quien tiene interés puede pedir al juez que ordene el cese de una conducta que perjudica a una pluralidad de personas, también cuando la empresa dispone de autorización y también antes de que se liquide el daño individual. No es una vía fácil, porque requiere pruebas técnicas serias, pero ya no es un remedio teórico, y en materia de salud la falta de una certeza absoluta no es un motivo para quedarse quieto.
El abogado extrae de la sentencia algunas coordenadas precisas: la competencia de la sección especializada en materia de empresa, la irrelevancia del título administrativo a efectos de la jurisdicción cuando la demanda no pide su anulación, la posibilidad de interponer la acción contra empresas en administración extraordinaria y la recurribilidad en casación del decreto de reclamación que estima la inhibitoria con efectos irreversibles. Para las empresas, de forma especular, el plazo para el recurso extraordinario debe atenderse de inmediato, y la gestión de la autorización ya no basta para ponerse a salvo del contencioso colectivo.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 2 de noviembre de 2026
Referencias normativas: arts. 9, 32, 41 y 111, párrafo 7, Cost.; art. 840-sexiesdecies c.p.c.; art. 8, apdo. 2, Directiva 2010/75/UE; art. 48 d.lgs. de 8 de julio de 1999, n. 270; art. 4 d.l. de 16 de octubre de 2026, n. 185.
Precedentes citados: Tribunal de Justicia de la UE, Gran Sala, 25 de junio de 2024, asunto C-626/22, Ilva e a.; Corte cost., sentt. nn. 85 del 2013, 58 del 2018 y 105 del 2024, citadas en la sentencia.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.