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Comentario · PenalPenal · Justicia de menores

El chico de catorce años presunto «maduro»: el giro del decreto-ley n. 190 de 2026

Desde el viernes pasado, el menor que comete un delito se presume capaz de entender y de querer, salvo prueba en contrario. Una línea añadida al art. 98 del Código Penal italiano invierte un principio que sostenía la justicia de menores desde hacía casi un siglo.

Avv. Giuseppe MARIANIPublicado el 26 de octubre de 2026Lectura: 8 minutos

La norma

Decreto-ley (decreto-legge) de 22 de octubre de 2026, n. 190, «Disposiciones urgentes en materia de seguridad pública y de lucha contra la delincuencia juvenil», art. 1, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246 de 22 de octubre de 2026, en vigor desde el 23 de octubre de 2026

“En los casos a que se refiere el primer inciso, la capacidad de entender y de querer del menor se presume salvo prueba en contrario.”

Inciso añadido al final del primer párrafo del art. 98 del Código Penal.

Texto en la Gazzetta Ufficiale

La norma

Hasta el 22 de octubre, el art. 98 del Código Penal decía algo sencillo: quien ha cometido el hecho entre los catorce y los dieciocho años es imputable solo si tenía capacidad de entender y de querer, y esa capacidad debía comprobarla el juez, caso por caso, atendiendo a la persona concreta que tenía delante. El decreto-ley n. 190 de 2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre y publicado dos días después, añade un inciso que invierte la regla: la capacidad se presume, salvo prueba en contrario.

La modificación no es aislada. El decreto suprime, en el art. 9 del d.P.R. (decreto del Presidente de la República) de 22 de septiembre de 1988, n. 448, la referencia a la imputabilidad entre los objetos de las indagaciones sobre la personalidad del menor, dejando al fiscal y al juez solo la facultad de recabar elementos con ese fin; añade al art. 19, comma 2, del mismo decreto, la cláusula «salvo que el imputado haya cumplido dieciséis años»; introduce el nuevo delito de violencia organizada en las manifestaciones públicas (art. 420-bis c.p.), una agravante para los daños cometidos por grupos de al menos cinco personas y, en el art. 5, una sanción administrativa de 500 a 1.000 euros, duplicada en caso de reiteración, a cargo de los padres del menor que participa en esos hechos, aunque no sea imputable.

Qué cambia realmente

La cuestión no es teórica. En el proceso de menores, la comprobación de la madurez era la puerta de entrada a todo lo demás: a la elección de la medida cautelar, a la suspensión del proceso con libertad a prueba (messa alla prova), a la irrelevancia del hecho, al perdón judicial. Era, antes aún, un deber del Estado hacia el chico, para que nadie pudiera ser castigado por lo que todavía no era capaz de comprender plenamente.

Con la presunción, la carga se traslada. Ya no será el sistema el que tenga que demostrar que ese chico de catorce años comprendía, sino la defensa la que tenga que probar que no comprendía; y la supresión de la imputabilidad entre los objetos necesarios de las indagaciones sobre la personalidad hace más difícil esa prueba, porque los elementos que sirven para aportarla ya no se recabarán de oficio. Quien tenga una familia capaz de pagar a un perito dispondrá de algún instrumento; quien no la tenga, y suelen ser los chicos más frágiles, dispondrá de muchos menos.

El comentario

La opción suscita más de una duda. La primera se refiere al instrumento: un decreto-ley, justificado por la urgencia, para modificar una regla de la parte general del Código Penal que el propio Gobierno había propuesto, el pasado mes de julio, mediante un proyecto de ley ordinaria. La materia penal, y la de menores en particular, requeriría el tiempo del debate parlamentario, no el de los sesenta días de la conversión en ley.

La segunda se refiere a la Constitución. El art. 31, párrafo segundo, compromete a la República a proteger a la juventud, y el Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) siempre ha visto en esta norma, junto con el art. 27, párrafo tercero, el fundamento de una justicia de menores orientada a la reinserción y no solo a la retribución, hasta declarar ilegítima la cadena perpetua para los menores (Corte cost., sent. n. 168 del 1994). La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a la que se dio ejecución con la ley de 27 de mayo de 1991, n. 176, pide a los Estados, en su art. 40, un trato que tenga en cuenta la edad y la conveniencia de la reintegración. Una presunción legal de madurez, aplicada a quien acaba de cumplir catorce años, va en la dirección opuesta.

La tercera se refiere a la realidad. Las ciencias del desarrollo describen la maduración como un proceso gradual, que continúa mucho más allá de la mayoría de edad; el Derecho lo había reconocido confiando al juez una valoración individual. La presunción sustituye a la persona por una franja de edad. Y la sanción a los padres, aplicable también cuando el hijo no es imputable, corre el riesgo de golpear precisamente a las familias que más necesitarían apoyo, a las que el decreto también alude cuando permite al prefecto señalar al Tribunal de Menores la conveniencia de proyectos educativos.

Nadie niega que la violencia juvenil deba combatirse, ni que quien la sufre tenga derecho a una respuesta. Pero la seguridad de todos se construye también con el cuidado de los derechos de quien se equivoca siendo un chico: ellos serán, tarde o temprano, los ciudadanos adultos del mañana.

Qué cambia en la práctica

Si un hijo menor de edad se ve implicado en un procedimiento penal, es importante que los padres acudan enseguida a un abogado defensor y le cuenten todo lo que se refiere a su historia, la escuela, la salud y los posibles programas de apoyo: desde hoy esos elementos pueden servir para demostrar que el chico no era capaz de comprender plenamente el hecho, una prueba que antes correspondía recabar al juez. Los padres que reciban una sanción con arreglo al art. 5 pueden demostrar que no pudieron impedir el hecho, y contra la eventual orden de resarcir los daños se prevé un plazo de cuarenta días para la oposición ante el tribunal.

El abogado defensor asume en este nuevo contexto una función excepcional y delicada, dado que la presunción introducida por la norma es relativa (iuris tantum) y debe destruirse con la prueba: hay que solicitar desde la primera audiencia las indagaciones sobre la personalidad, instando al fiscal y al juez a ejercer la facultad del nuevo comma 1-bis del art. 9 del d.P.R. n. 448 de 1988 y, si es necesario, una pericial. Debe valorarse el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad en relación con los arts. 3, 27 y 31 Cost. y con el art. 117, párrafo primero, Cost., en conexión con el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para los hechos cometidos antes del 23 de octubre de 2026 debe sostenerse, con arreglo al art. 2 c.p. y al art. 25, párrafo segundo, Cost., la aplicación de la normativa anterior, más favorable. El decreto debe convertirse en ley antes del 21 de diciembre de 2026, y el texto podrá cambiar en el Parlamento.

Avv. Giuseppe MARIANI

Potenza, 26 de octubre de 2026

Referencias normativas: art. 98 c.p.; arts. 9, 19 y 23 d.P.R. de 22 de septiembre de 1988, n. 448; arts. 1, 3, 5 y 6 d.l. de 22 de octubre de 2026, n. 190; arts. 3, 27 y 31 Cost.; art. 40 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (l. de 27 de mayo de 1991, n. 176).

Precedentes citados: Corte cost., sent. n. 168 del 1994, sobre la cadena perpetua impuesta a menores.

El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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