La norma
Decreto legislativo de 8 de octubre de 2026, n. 194, de transposición de la Directiva (UE) 2024/1069 relativa a la protección de las personas que se implican en la participación pública frente a pretensiones manifiestamente infundadas o acciones judiciales abusivas, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 248 de 24 de octubre de 2026, en vigor desde el 8 de noviembre de 2026
Un asunto no tiene repercusiones transfronterizas “si tanto el demandante como el demandado están domiciliados en Italia”
Art. 3, comma 3, del decreto: la regla que excluye de las nuevas garantías los litigios entre sujetos domiciliados en Italia.
La norma
Se las llama SLAPP, por el acrónimo inglés de strategic lawsuits against public participation: son las demandas promovidas no para obtener justicia, sino para asustar a quien habla de cuestiones de interés público, con pretensiones de indemnización desproporcionadas, demandas idénticas multiplicadas ante distintos tribunales y tácticas procesales utilizadas de mala fe. La Unión Europea les dedicó la Directiva (UE) 2024/1069, que Italia debía transponer antes del 7 de mayo de 2026 y que ahora aplica, con algunos meses de retraso, mediante el decreto legislativo de 8 de octubre de 2026, n. 194.
El decreto protege a cualquiera que ejerza la libertad de expresión y de información, de investigación, de reunión o de asociación sobre temas de interés público: derechos fundamentales, salud, medio ambiente, actividades de figuras públicas, acusaciones de corrupción o de fraude. El demandado puede solicitar, ya en el escrito de contestación (comparsa di costituzione), la desestimación anticipada de la demanda manifiestamente infundada (art. 6), que el juez resuelve mediante un procedimiento acelerado y en la forma del art. 281-sexies c.p.c. (Código de Procedimiento Civil italiano) (arts. 7 y 8); puede obtener que el demandante preste una caución para las costas y para la eventual condena con arreglo al art. 96 c.p.c. (art. 10). Si el procedimiento es abusivo, el juez condena, incluso de oficio, a la indemnización del art. 96, comma 3, c.p.c. y puede ordenar la publicación de la sentencia (art. 13). Las asociaciones, los sindicatos y las entidades colectivas pueden intervenir en apoyo del demandado (art. 5).
El límite
Todo esto, sin embargo, vale solo para los asuntos civiles y mercantiles con repercusiones transfronterizas. El art. 3, comma 3, excluye expresamente el caso en que demandante y demandado estén ambos domiciliados en Italia, y el art. 17 limita la aplicación a los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor. Quedan fuera, por decisión del decreto, la materia penal, la administrativa y la acción civil ejercida en el proceso penal.
El legislador delegado ha transpuesto el perímetro mínimo de la directiva, que por razones de competencia de la Unión se refiere solo a los litigios transfronterizos. Pero nada le impedía ir más allá: la propia Comisión Europea, con la Recomendación (UE) 2022/758 de 27 de abril de 2022, había invitado a los Estados miembros a extender las garantías también a los procedimientos internos.
El comentario
En Italia, la gran mayoría de las demandas temerarias contra periodistas, blogueros, comités de ciudadanos y asociaciones ecologistas es puramente interna: un cargo local, un empresario, una entidad pública empresarial contra un periodista de la misma provincia. Precisamente estas demandas, que pesan sobre los periódicos pequeños y sobre los particulares más que sobre los grandes medios, quedan fuera del nuevo remedio. De ello se deriva una doble vía difícilmente justificable a la luz del art. 3 de la Constitución: el periodista demandado por una sociedad con sede en Viena podrá solicitar la desestimación anticipada y la caución; el colega demandado por el mismo artículo por una sociedad con sede en Milán, no.
La libertad de manifestación del pensamiento, garantizada por el art. 21 de la Constitución y por el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se mide por el domicilio de las partes. El Tribunal de Estrasburgo recuerda desde hace tiempo que incluso el mero riesgo de una condena desproporcionada produce un efecto disuasorio, el llamado chilling effect, sobre el debate público. Y el Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), al declarar ilegítima la pena de prisión obligatoria por la difamación a través de la prensa (Corte cost., sent. n. 150 del 2021, sobre el art. 13 de la ley de prensa), ha mostrado hasta qué punto la protección del periodismo está ligada a la calidad de la democracia.
El decreto, desde luego, contiene instrumentos valiosos, y el juez podrá aplicar en todo caso a los litigios internos el art. 96 c.p.c., que ya permite sancionar la litigación temeraria. Pero es una ocasión perdida: podía haberse adoptado un remedio único, rápido y accesible para todos, y se ha elegido uno para unos pocos.
Qué cambia en la práctica
Para los ciudadanos. Quien escribe, denuncia públicamente o participa en un comité sobre cuestiones de interés colectivo y recibe una demanda (atto di citazione) con pretensiones de indemnización desproporcionadas no debe ceder al miedo ni borrar lo que ha escrito sin una valoración jurídica. Si quien le demanda tiene su sede o domicilio en el extranjero, a partir del 8 de noviembre de 2026 puede pedir al juez que cierre enseguida el pleito y que imponga una caución; en cualquier caso, también en los litigios internos, la litigación temeraria puede sancionarse. Las asociaciones pueden intervenir a su lado.
Para los colegas. La solicitud de desestimación anticipada debe presentarse dentro del plazo para la personación (art. 166 o art. 281-undecies c.p.c.) y notificarse en el plazo de diez días, indicando los motivos de la manifiesta falta de fundamento; para las reconvenciones el plazo es de treinta días. Debe comprobarse con atención el domicilio de las partes en el momento en que se promueve el pleito, también a la luz del Reglamento (UE) n. 1215/2012, al que remite el art. 3, comma 4. En los litigios internos conviene, en todo caso, hacer valer los indicios de abuso del art. 2, comma 2, del decreto para solicitar la condena con arreglo al art. 96, comma 3, c.p.c., y valorar la cuestión de inconstitucionalidad de la limitación del art. 3, comma 3, en relación con los arts. 3 y 21 Cost.
Avv. Giuseppe MARIANI
Potenza, 26 de octubre de 2026
Referencias normativas: d.lgs. de 8 de octubre de 2026, n. 194, arts. 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 y 17; Directiva (UE) 2024/1069; Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión; arts. 3 y 21 Cost.; art. 10 CEDH; arts. 96, 166, 281-sexies y 281-undecies c.p.c.; Reglamento (UE) n. 1215/2012.
Precedentes citados: Corte cost., sent. n. 150 del 2021, sobre la pena de prisión por difamación a través de la prensa.
El comentario tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.