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Reseña semanalPenal · Inmigración · Civil

Semana normativa del 28 de septiembre de 2026

Studio Legale MarianiPeriodo cubierto: 21-28 de septiembre de 2026Actualizada al 28.09.2026
Publicación de archivo. La reseña refleja la normativa y la jurisprudencia conocidas en la fecha indicada y no se actualiza. Antes de basarse en ella en un caso concreto, debe consultarse el texto oficial hoy vigente.

En síntesis

La semana del 21 al 28 de septiembre de 2026 ha sido pobre en el plano normativo y rica en el jurisprudencial. Las Secciones Unidas penales (Sezioni Unite) del Tribunal de Casación han decidido que las garantías previstas en el art. 103 c.p.p. para las inspecciones, los registros y las incautaciones en los despachos de los abogados defensores se aplican también cuando el propio defensor está investigado. El Tribunal Constitucional (Corte costituzionale), con la sentencia n. 154 del 2026, ha considerado no irrazonable la exclusión de los actos persecutorios (atti persecutori, el acoso o stalking) de la extinción del delito por conductas reparadoras. Dos resoluciones de la Casación penal se refieren a la restitución en plazo (restituzione nel termine): la primera, en materia de mal funcionamiento no certificado del Portal de presentación de escritos penales (Portale deposito atti penali); la segunda, a favor de la persona ofendida por violencia doméstica alojada en una casa de acogida. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley que contiene, entre otras cosas, medidas para la integración de los estudiantes extranjeros en la escuela, todavía no publicado en la Gazzetta Ufficiale (el boletín oficial italiano) en la fecha de la reseña.

Novedades normativas

Gazzetta Ufficiale del 21 al 26 de septiembre de 2026

En la semana, la Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, no ha publicado disposiciones en materia de inmigración, derecho civil o derecho penal. La única ley de conversión es la legge 25 settembre 2026, n. 166, que convierte con modificaciones el d.l. 27 luglio 2026, n. 133, en materia de precios del petróleo y de ILVA S.p.A. en administración extraordinaria (GU n. 223 de 25 de septiembre de 2026). En el mismo número se publica el D.M. Salute 15 settembre 2026 (Ministerio de Salud), que fija medidas mínimas uniformes de seguridad, custodia, trazabilidad y gestión de los medicamentos que contienen sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los centros sanitarios.

Consecuencias prácticas. El decreto ministerial no afecta a la regulación penal del d.P.R. 309/1990, pero puede adquirir relevancia indirecta en los procedimientos por sustracción o tenencia de fármacos estupefacientes en el ámbito sanitario, en cuanto a la documentación de la custodia y de la trazabilidad.

Consejo de Ministros n. 190 del 24 de septiembre de 2026: integración de los estudiantes extranjeros

En la reunión del 24 de septiembre de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley que establece medidas urgentes para el inicio del curso escolar 2026/2027, para el acompañamiento de las medidas del PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) que competen al Ministerio de Educación y del Mérito y para la promoción de la integración de los estudiantes extranjeros en el ámbito escolar, además de en materia de educación superior e investigación. Fuente: comunicado de prensa del Consejo de Ministros n. 190. En la fecha de la reseña, el texto todavía no se había publicado en la Gazzetta Ufficiale.

Consecuencias prácticas. Para quien asiste a familias extranjeras con hijos en edad escolar, la disposición debe leerse en el texto publicado en la Gazzetta Ufficiale, porque solo ese texto permite determinar el contenido efectivo de las medidas y su fecha de efecto.

Derecho de la Unión Europea

Reglamento (UE) 2023/2844: digitalización de la cooperación judicial

El reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos civiles, mercantiles y penales con repercusiones transfronterizas establece un sistema informático descentralizado y un punto de acceso electrónico europeo. El art. 10, apartado 3, prevé que la Comisión adopte los actos de ejecución con las especificaciones técnicas según un calendario escalonado por grupos de instrumentos enumerados en los anexos I y II: 17 de enero de 2026, plazo ya vencido, 17 de enero de 2027, 17 de enero de 2028 y 17 de enero de 2029. Fuente: EUR-Lex, texto del reglamento y ficha de síntesis.

Consecuencias prácticas. En las causas civiles y penales con elementos transfronterizos, como las notificaciones en el extranjero, la obtención de pruebas, la orden de detención europea y el reconocimiento de las sanciones pecuniarias, el canal de transmisión de los actos pasa a ser progresivamente telemático y unificado a escala europea.

Directiva (UE) 2024/1260: recuperación y decomiso de activos

La Directiva (UE) 2024/1260, de 24 de abril de 2024, sobre recuperación y decomiso de activos, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 2 de mayo de 2024. El art. 33 fija en el 23 de noviembre de 2026 el plazo en el que los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones de transposición. Fuente: EUR-Lex, texto íntegro.

Consecuencias prácticas. La directiva incide en el embargo preventivo, el decomiso, el decomiso ampliado y la gestión de los bienes sujetos a medidas cautelares, y por tanto en las defensas en materia de medidas patrimoniales.

Pacto sobre Migración y Asilo: el marco interno

El Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo es aplicable desde el 12 de junio de 2026. La primera adaptación interna es el d.l. 12 giugno 2026, n. 100, que establece medidas urgentes en materia de justicia y para la aplicación del Pacto de 14 de mayo de 2024, convertido sin modificaciones por la legge 7 agosto 2026, n. 145, con texto coordinado publicado en la GU n. 183 de 8 de agosto de 2026. El Capítulo I (artt. 1-9) contiene las disposiciones en materia de justicia; el Capítulo II (artt. 10-17), las de aplicación del Pacto. Fuente: texto coordinado en Normattiva. En la semana no se han producido modificaciones.

Jurisprudencia

Cass. pen., sez. un., udienza 24 settembre 2026, R.G. n. 6868/2026: art. 103 c.p.p. y defensor investigado

Las Secciones Unidas debían establecer si las garantías del art. 103 c.p.p. para las inspecciones, los registros y las incautaciones en los despachos de los abogados defensores operan también cuando el propio defensor está sometido a investigación, o solo cuando el acto afecta al defensor del investigado o del acusado en el procedimiento en curso, o al profesional que asiste a un cliente suyo en un procedimiento distinto. Según el resultado publicado por el Tribunal el 25 de septiembre de 2026, las garantías se aplican también cuando el defensor es la persona investigada. Fuente: ficha de la cuestión en el sitio del Tribunal de Casación, que recoge también el auto de remisión. La motivación todavía no se había depositado en la fecha de la reseña.

Consecuencias prácticas. La decisión define el alcance de la protección del despacho profesional y de los documentos relativos a los clientes: las formalidades del art. 103 c.p.p., empezando por el aviso al colegio de abogados y la presencia del juez o del fiscal, deben observarse también cuando las investigaciones afectan al abogado en persona.

Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2026, n. 33829: mal funcionamiento no certificado del Portal de presentación de escritos penales

El Tribunal, en la vista del 11 de septiembre de 2026, ha aclarado la relación entre los artt. 175 y 175-bis c.p.p. El art. 175-bis regula únicamente los malos funcionamientos certificados o acreditados, en los que el escrito puede presentarse por medios no telemáticos sin un procedimiento específico. Los malos funcionamientos no certificados no son irrelevantes, pero solo pueden hacerse valer a través de la restitución en plazo del art. 175 c.p.p., que exige la prueba del caso fortuito o de la fuerza mayor. En el caso examinado, a falta de prueba de la imposibilidad de cargar el escrito en el Portal, los recursos de apelación transmitidos por p.e.c. (correo electrónico certificado) se declararon inadmisibles. Fuente: ficha de la sentencia en el sitio del Tribunal de Casación.

Consecuencias prácticas. La carga de la prueba recae sobre quien invoca el mal funcionamiento: para los abogados defensores resulta esencial documentar de forma precisa, con fecha y hora, cada anomalía del Portal y cada aviso a la oficina, porque sin ese rastro la solicitud de restitución en plazo difícilmente puede estimarse.

Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2026, n. 34418: persona ofendida en casa de acogida y restitución en plazo

El Tribunal, en la vista del 9 de septiembre de 2026, ha afirmado que la persona ofendida por un delito de violencia doméstica puede ser restituida en el plazo para constituirse en parte civil, con arreglo al art. 175, comma 1, c.p.p., cuando el auto de citación a juicio (decreto di citazione) se haya notificado regularmente en el domicilio declarado en la denuncia, pero la persona ofendida no haya tenido conocimiento del proceso por fuerza mayor, por estar alojada en una casa de acogida de dirección secreta y sujeta a reglas de aislamiento establecidas para proteger su integridad. Fuente: ficha de la sentencia en el sitio del Tribunal de Casación.

Consecuencias prácticas. La resolución es útil para quien asiste a la persona ofendida, que puede recuperar la constitución en parte civil a pesar de la regularidad formal de la notificación, y para quien defiende al acusado, que debe tener en cuenta esta posible reapertura del plazo.

Corte cost., sent. n. 154 del 2026: actos persecutorios y conductas reparadoras

Con sentencia depositada el 25 de septiembre de 2026, el Tribunal Constitucional ha declarado infundadas las cuestiones de inconstitucionalidad del art. 162-ter, quarto comma, c.p., planteadas por el Juez de investigación preliminar (Giudice per le indagini preliminari) del Tribunal de Reggio Emilia en relación con el art. 3 Cost. Según el Tribunal, no es irrazonable la decisión del legislador de excluir el delito de actos persecutorios (art. 612-bis c.p.) de la extinción del delito por conductas reparadoras, habida cuenta de la gravedad del hecho y de los efectos que produce en la víctima, también a la luz de las obligaciones de tipificación penal impuestas por el Convenio de Estambul. Fuente: comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa del Tribunal Constitucional del 25 de septiembre de 2026.

Consecuencias prácticas. En los procedimientos por actos persecutorios sigue excluida la terminación con arreglo al art. 162-ter c.p.

Tribunal Constitucional: las cuestiones tratadas del 21 al 23 de septiembre de 2026

Según la agenda de trabajo publicada por la Oficina de Prensa del Tribunal, se han tratado, con decisión todavía no depositada en la fecha de la reseña, algunas cuestiones de interés para las materias de este Observatorio.

En la sesión a puerta cerrada (camera di consiglio) del 21 de septiembre, el Tribunal examinó las cuestiones sobre los artt. 16, 18, 18-bis y 19 del d.l. n. 145 del 2024, convertido por la ley n. 187 del 2024, que atribuyen al tribunal de apelación, en composición unipersonal, la convalidación del internamiento o de la prórroga del internamiento del extranjero solicitante de protección internacional, en lugar de la sección especializada del tribunal, y que regulan el recurso de casación contra esas resoluciones. En la misma sesión se trató la cuestión sobre el art. 21-ter, comma 2-bis, ord. penit. (la ley penitenciaria), en la parte en que no extiende las visitas al familiar en estado de salud grave al progenitor del recluso con discapacidad grave.

En la audiencia pública del 22 de septiembre se debatieron las cuestiones sobre el art. 147 c.p. y sobre el art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., que no prevén el aplazamiento facultativo de la ejecución de la pena para el recluso sometido a un trato inhumano o degradante; las relativas a las sanciones penales para los promotores de reuniones en lugar público sin aviso previo al Jefe de Policía (questore) (art. 18 r.d. n. 773 del 1931) y para los daños cometidos con ocasión de manifestaciones públicas (art. 635, terzo comma, c.p.); el conflicto de atribuciones promovido por el Senado de la República contra el Tribunal de Matera, relativo a la inviolabilidad de las opiniones expresadas por un senador.

En la audiencia pública del 23 de septiembre, por último, se debatió la cuestión sobre la exclusión de la suspensión del procedimiento con puesta a prueba (messa alla prova) para los delitos de tráfico de influencias ilícitas y de alteración de la libertad del procedimiento de elección del contratista (artt. 168-bis, 346-bis y 353-bis c.p., art. 550, comma 2, c.p.p.).

Consecuencias prácticas. Para quien asiste a ciudadanos extranjeros, la decisión sobre la competencia en materia de internamiento de los solicitantes de protección internacional es la más esperada, porque incide en el juez de la convalidación y en el régimen de la impugnación.

Profesión de abogado

Formación continua: los créditos del trienio

La obligación formativa de los abogados es de 60 créditos en el trienio, con un mínimo de 15 por año; al menos 9 créditos en el trienio, con un mínimo de 3 por año, deben referirse a las materias obligatorias de deontología, organización y previsión social de la abogacía. Los créditos obtenidos en modalidad e-learning o en streaming no pueden superar el 40% del total del trienio. Fuente: preguntas frecuentes del Consejo Nacional de la Abogacía (Consiglio Nazionale Forense). A tres meses del cierre del año formativo, el mínimo anual de 3 créditos en las materias obligatorias es el requisito que con más frecuencia queda sin cubrir.

Plataforma del CNF para la acreditación: reapertura desde el 16 de septiembre de 2026

La plataforma del Consejo Nacional de la Abogacía para las solicitudes de acreditación de los eventos formativos y para las solicitudes de reconocimiento de créditos, suspendida del 20 de julio al 15 de septiembre de 2026, se reabrió el 16 de septiembre de 2026. Los plazos de las solicitudes presentadas hasta el 19 de julio de 2026 se han prorrogado. Fuente: aviso del CNF del 20 de julio de 2026.

La reseña tiene finalidad informativa y no constituye un dictamen jurídico sobre el caso concreto.

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